Medidas preventivas contra abusos sexuales a menores

El Ministerio de Justicia presentó ayer el “Protocolo de prevención, atención y sanción a la integridad sexual de niñas niños y adolescentes”, donde además de una guía sobre los deberes que tiene la sociedad, iniciando con la familia, contiene la legislación que se debe cumplir para proteger a menores víctimas de algún tipo de violencia, además del diseño de una ruta crítica de atención de estos casos a la que deben ajustarse las diferentes instancias, según informó la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Estefanía Morales.

Por su parte, Ninoska Durán, directora de la Niñez y Adulto Mayor del Ministerio de Justicia, explicó que la presentación del Protocolo se hizo en el marco de la quinta reunión del “Consejo de coordinación sectorial e intersectorial para temas de niñas niños y adolescentes”, la primera de la gestión 2017, que se llevó adelante ayer en la Cancillería, con asistencia de 23 de las 40 autoridades y funcionarios convocados.

“La metodología de trabajo del Consejo tiene que ver con el monitoreo de las acciones que han sido programadas en la anterior sesión. Tenemos dos partes, una que tiene ver con los informes institucionales de los ministerios, gobiernos departamentales y municipales”, dijo.

En la segunda parte de la sesión, se trata de las acciones que deberían tomarse, sobre la base de los compromisos contraídos.

Entre los temas más relevantes que se trataron ayer, del cual el Ministerio de Justicia presentó los avances, fue el referido a la implementación del Sistema de Información de la Niña, Niño y Adolescente (SINNA).

“El sistema va tener una lógica modular, que agrupará información, por ejemplo el MID (Módulo de Información de las Defensorías), que centralizará toda la información de denuncias o de conocimiento de infracciones que sea reportada a este módulo, para que el Ministerio de Justicia sea el que centralice toda esta información”, afirmó Durán.

La directora señaló que el SINNA establece una corresponsabilidad con las instancias departamentales y municipales, ya que en la medida en que el Ministerio de Justicia implemente y garantice el funcionamiento del sistema y los manuales de llenado de datos son las defensorías las que deben cargar la información.

Detalló que la importancia del SINNA radica en que en la medida de que se conozca cuáles son las vulneraciones de derechos más graves, de más frecuencia y recurrentes, podrán aplicarse políticas públicas efectivas.

UNFPA

Ana Angarita, representante residente del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), que acompañó a la elaboración del protocolo, felicitó la iniciativa y señaló que se tiene la confianza en el trabajo que se ha encarado por parte del Ministerio de Justicia.

Aseguró que Bolivia se constituye en un referente regional por el compromiso político que tiene para la implementación de estas normas que revelan los grandes avances en la problemática de prevención contra la violencia en diferentes niveles.

“Pero necesitamos asegurar su implementación y que esta se visibilice en las comunidades, en las zonas rurales alejadas de los departamentos. Y se necesita presupuesto, fortalecimiento institucional, desarrollo de capacidades de las diferentes instancias”, aseveró a EL DIARIO.

Si bien felicitó la participación de los representantes de diferentes niveles de gobierno, reflexionó señalando que las autoridades deben “apropiarse de la problemática y ya con el respaldo normativo jurídico haya que asegurarse que las distintas instancias locales (departamental y municipal), cuenten con las herramientas para llevar adelante la implementación de este protocolo”, afirmó.

La observación de la Unfpa fue visualizada en el informe del Ministerio de Justicia, que reveló que en varios municipios se tropieza con el problema de bajos presupuestos destinados a estas políticas, que impiden que los funcionarios de las defensorías cuenten con servicio de internet o personal adecuado y permanente.

RUTA CRÍTICA

En cuanto a la “ruta crítica”, Durán señaló que es una guía didáctica que resume las acciones de carácter jurídico y psicológico de abordaje a las víctimas.

Consideró que este instrumento permitirá una adecuada aplicación e implementación de La Ley 548, del Código Niña, Niño y Adolescente, las leyes conexas que tienen que trabajarse al momento de abordar a la víctima.

“La humanización de la justicia es un elemento básico desde el Ministerio de Justicia y que está presente en una lógica de eje transversal de todas las acciones que estamos desarrollando desde el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades y específicamente en la Dirección General de la Niñez y Personas Adultas Mayores”, aseveró.

La fase de capacitación e implementación de este protocolo comenzó ya en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija.