Lamentable bajón de producción triguera

No puede considerarse sino como un fracaso de magnitud que la producción nacional de trigo tuviera un bajón considerable el año pasado y que en el actual se mantendrá esa tendencia, dando al traste con los anuncios del Ministerio de Desarrollo Rural (antes de Agricultura) en sentido de que la producción de ese grano estaba aumentando y que se podría empezar a pensar en que el país estaba en camino de alcanzar su soberanía en cuanto a la provisión del referido alimento.

Según la lamentable noticia proporcionada por la Asociación Nacional de Productos Oleaginosos (Anapo), ese descenso se produjo pese a que el gobierno adoptó diversas medidas para colaborar a los agricultores de trigo, entre ellas subvencionar a los productores, mejorar los créditos bancarios, estimular la tecnología, anunciar considerables ayudas financieras para los agricultores, etc.

La información de Anapo indica que el año pasado la región oriental solo llego a producir 70.000 toneladas de trigo, cantidad inferior a la de años anteriores, mientras las necesidades de consumo de trigo, destinado al pan nuestro de cada día, siguen aumentado, pues, por un lado, en vista del alza de precios de otros productos, se debe acudir con más frecuencia al pan de harina blanca y, por otro, el mercado enfrenta escasez y precios más elevados.

Ese bajo nivel de producción triguera, tanto en la región oriental como en la andina, se ha reflejado en dos efectos inmediatos de notable preocupación. El primero, que los panificadores están exigiendo al gobierno que autorice el alza oficial del precio del pan de consumo popular y, el segundo, que dependencias del Estado se vean obligadas a comprar trigo y harina de países vecinos (en especial Argentina), de tal manera de evitar escasez entre los consumidores, así como una crisis social parecida a la de Venezuela u otros países, cuyos gobiernos llevaron al fracaso la producción agropecuaria por lamentables y desfasadas medidas agrarias populistas.

Sin embargo, el fracaso de las políticas agrarias en Bolivia, ha traído consigo otros dos problemas de mayor magnitud. El más grave de ellos es el contrabando de harina que se vende en el mercado con menores precios y que hace competencia desleal a la producción agropecuaria e inclusive le está dando muerte sistemática, y otro de no menos gravedad, que consiste en que el gobierno acude al fácil expediente de adquirir alimentos, en especial harina de trigo, para cubrir la deficiencia originada en la crisis agropecuaria nacional.

Los medios de comunicación, en especial EL DIARIO, no han dejado de reiterar desde hace años que los organismos de gobierno han puesto en aplicación disposiciones que están causando la ruina sistemática de la agricultura y que el pueblo se encuentra sufriendo las consecuencias de esa política. Se denunció también con insistencia que la Ley INRA de Gonzalo Sánchez de Lozada fue aplicada con agravantes por la Ley de Reconducción comunitaria de la reforma agraria y dictada por el gobierno actual. Sin embargo, pese a que los hechos confirmaron los análisis de estas columnas, vale decir que el problema agrario no fue resuelto y más bien fue agravado, las autoridades han hecho oídos sordos a toda sugerencia, demostrando, a la vez, baja responsabilidad en el ejercicio de sus funciones.