En Democracia debe regir la institucionalidad

Con cuánta facilidad los bolivianos -especialmente los gobiernos- hacemos ostentación de lo bueno que hacemos o nos pasa; creemos que nadie “ha obrado tan bien como nosotros” y hasta llegamos al extremo increíble de que somos “mejores que Suiza” y otros “milagros” que nos han ocurrido; pero, lo cierto es que nunca reconocemos nuestras realidades y vivir conforme a ellas.

Así, de tanto hablar, desde el 10 de octubre de 1982 (hace casi 35 años) muchas veces nos hemos convencido -a costa de demagogia- de que estamos encaminados debidamente por las sendas del desarrollo y progreso y, lamentablemente, la verdad se impone y nos muestra cuán equivocados estamos y cuánto nos falta para vivir y actuar conforme a la verdad, a la realidad y a la condición de ser país pobre y subdesarrollado. En casi 35 años nos hemos envanecido de haber retomado la Democracia como medio de vida del pueblo y como sistema de gobierno, pero no siempre actuamos dentro de sus lineamientos.

Vivir en Democracia es hacerlo conforme a la institucionalidad; es decir, respetando lo establecido en la Constitución Política del Estado y las leyes que deben regir en la República; que los actos de los gobernantes estén ceñidos a la letra de la ley, a la moral y al uso de buenas costumbres; desgraciadamente, casi en toda situación nos hemos apartado de principios constitucionales y actuado en parangón con lo que hicieron varios gobiernos dictatoriales productos de cuartelazos o revoluciones que anunciaban imponer cambios que nunca han sido efectivos y hemos tratado al sistema democrático como algo perjudicial, ajeno a los intereses personales, de grupo o de partido.

Vivir apartados del sistema legal, así sea en mínima parte y especialmente cuando se tiene poder político, económico o social, tan sólo por satisfacer ambiciones, intereses de partido o de grupos organizados al calor de los poderes que otorga la Carta Magna, es vulnerar el principio de la institucionalidad que es vivir y actuar ceñidos a principios legales y de alta moralidad como es la vigencia de la Constitución y leyes; es decir, comportarse como corresponda y de acuerdo a méritos y condiciones, virtudes y valores en cargos públicos previa evaluación, comprobación y estricta calificación de méritos y condiciones profesionales y elaboración de ternas por parte del Poder Legislativo y de las cuales pueda elegir el Poder Ejecutivo a quien corresponda desempeñar cualquier función pública.

¿Qué se ha hecho? Debido al poder logrado por regímenes dictatoriales o también por gobiernos elegidos constitucionalmente, se hizo abstracción de la Constitución y de las leyes y surgió, como “varita mágica”, el interés creado, la conveniencia partidaria, el nepotismo, las ambiciones desmedidas del entorno y se nombró así, “a dedo”, a las autoridades y funcionarios para desempeñar cargos muy importantes que debieron ser designados de ternas o listas de personas con la debida idoneidad y capacidad precisas para desempeñar el cargo y poder cumplir debidamente la misión de servicio al país.

Las experiencias de los últimos once años muestran cuánto se ha vulnerado la institucionalidad y los ejemplos acuden por doquier: YPFB tuvo ocho presidentes en diez años y todos ellos sin ninguna capacidad para desempeñar el cargo y menos con la formación y experiencia precisas en el campo de los hidrocarburos; esos ocho funcionarios han actuado conforme a las directivas de quien los nombró “a dedo” sin importar si lo harían bien o no, si cumplían con lo exigido por las leyes para el cumplimiento de deberes y responsabilidades y tan sólo se satisfizo los caprichos y designios “de arriba” y se lo hizo causando grave perjuicio al país. Como el caso de la empresa del petróleo están muchas otras entidades como Comibol, ENDE, ABC, CNS, Banco Central y todas las empresas estatales y organismos que funcionan bajo la tutela y conveniencias del gobierno.

Un régimen democrático que cree funcionar bajo lineamientos de la institucionalidad y no lo hace, está muy lejano de los principios democráticos y lo hace en detrimento del gobierno y del Estado. El gobierno, si efectivamente aún se considera demócrata, tiene la obligación de institucionalizar todas las entidades y dependencias a su cargo; de otro modo, todo lo hecho será contrario a la Constitución y a las leyes por estar muy lejos de la institucionalidad. Corregir esta anomalía debería ser prioritaria para la administración del Estado si efectivamente el régimen gobernante quiere tener las consideraciones y respetos que debe merecer ante el consenso nacional como internacional porque no se puede ser legal sin la práctica de la legalidad.

Finalmente, es importante tomar conciencia de que servir al país en Democracia es amar al pueblo; pero, amarlo y servirlo en parámetros de ejercicio de la institucionalidad; lo contrario es dependencia que avergüenza y lastima.