Para ejercer la magistratura se precisa idoneidad y capacidad profesional

La autoridad judicial en el ejercicio de sus funciones aplica la norma legal en la forma como está estipulada, a la vez se somete a sus principios de conciencia personal. Si es removida a otra instancia, tiene tropiezos desde el inicio de sus funciones, en muchos casos, pues algunos abogados y litigantes antes de apersonarse al juzgado para revisar el proceso conforme al lógico actuar, observando el procedimiento, previamente se encargan de investigar la calidad moral y su proceder en el ejercicio de la profesión o de sus funciones anteriores. Así mismo, indagan sobre sus amistades, familiares, su inclinación política, si tiene algún indicio que les favorezca, tratan de lograr contactos extrajudiciales. En caso contrario, en su primer apersonamiento solicitan se aparte del conocimiento de la causa, arguyendo alguna situación que pueda prosperar para sus pretensiones.

El magistrado no tiene que cumplir algún proyecto o programa, menos puede estar sometido a instrucciones, vengan de donde vengan; sólo tiene que someterse a la ley en forma oportuna en los casos concretos, con un procedimiento conforme a lo establecido por la norma, aplicando su sano criterio, revisando exhaustivamente todos los antecedentes de lo obrado en el transcurso del proceso y llegado el momento de la resolución, valorar imparcialmente las pruebas aportadas por las partes dentro de los plazos previstos. En caso de no ser clara la disposición legal que sirva de base a su fallo, acude a la jurisprudencia y se guía por el mandato de su conciencia para dictar el fallo final.

Muchas veces la interpretación que el juzgador hace de la norma aplicada y la prueba aportada por las partes, no siempre es aceptada por las mismas y en especial por quienes no lograron tener el fallo a su favor, los que no solo pueden apelar en contra de la decisión desfavorable para ellos, sino que muchos de ellos además recurren al uso de medios vedados y poco morales para desacreditar al juez.

El juez imparcial no se somete a presiones de ninguna índole política, social, económica, religiosa o de los medios masivos de información, ni a la tentación del dinero y menos puede actuar calculando obtener beneficios a futuro. Sólo así puede constituirse en una garantía para la sociedad y contribuir al logro de una convivencia pacífica y armoniosa. Sin embargo todo este cúmulo de características loables puede ser su ruina personal, si es parte de una sociedad en la que existen sectores que no admiten ni toleran ese tipo de acciones. Por ello no es extraño saber que algunos jueces se ven obligados a renunciar a su cargo o simplemente son víctimas de atracos y, en casos extremos, de muertes súbitas, que son calificadas como un ajuste de cuentas en algunos casos y la confusión se cierne en la opinión pública cuando el acto se publicita. Pero en determinados casos, algunos que ejercieron la magistratura y resultaron ser víctimas en el ejercicio de funciones judiciales no logran ni siquiera procesar a sus victimadores, quedando simplemente en el anonimato, dando fin a la labor de magistrado idóneo.

No ha sido raro que algunos abogados llegaron a ejercer funciones judiciales con el respaldo de un partido político influyente, los que no soportaron ataques a su labor, pues el respaldo tanto por el poder político como por los medios masivos de información ha sido determinante para protegerlos, ejemplos de ello se los puede evidenciar haciendo una investigación histórica en los archivos judiciales.

Quien es designado o elegido Juez no ejerce funciones de acuerdo con el puntaje que obtenga en alguna prueba a la que se someta, pues el fallo que dicta en cada caso concreto, es el examen de su capacidad y experiencia profesional, como de su integridad moral y ética, sin que pueda esperar el reconocimiento de algún sector social, por su idoneidad, integridad y sensibilidad humana.

La libre interpretación es una de las partes más sutiles en el derecho occidental, pues ella obedece a la formación, a la integridad y a la observación de principios y valores de cada persona y en un pleito legal las partes basan en una norma concreta para su caso concreto su interpretación, para justificar con argumentos que tratan de validar su posición e interés.

La interpretación de la ley es la parte más importante de la administración de justicia, ella se inicia desde el comienzo del juicio, luego la valoración del hecho que genera un litigio y durante el proceso la conducción de la aportación de las pruebas por las partes, y en los casos penales por parte del Ministerio Público, las que son valoradas de acuerdo con el sano criterio del Juez, quien debe interpretar en forma correcta e imparcial la norma específica, así como los hechos o los actos y todo lo aportado durante el proceso, para conceder la razón a quien la tiene y dar por finalizado el pleito.