El anuncio de la parada militar en la localidad de Kjasina, del municipio de Achacachi, genera polémica y posturas encontradas entre los pobladores de la región.
Mientras los “ponchos rojos” aseguraron que “garantizan” la realización de este desfile castrense, las autoridades originarias de varias poblaciones de este municipio firmaron un acuerdo, donde los representantes de Kjasina rechazan la realización del acto cívico, debido principalmente a la aprehensión de dos profesores.
“Está garantizado el acto, no existe temor de que haya enfrentamientos, puesto que se ha socializado en diferentes cantones y subcentrales de la provincia y ellos están de acuerdo a que se realice el acto cívico militar (…), estarán presentes al menos 30 mil ponchos rojos”, aseguró Fidel Poma, dirigente de este sector que es parte de la provincia Omasuyos.
El pasado fin de semana se desarrolló una asamblea en la localidad de Achacachi, en la que se suscribió un documento de “Pacto de Unidad”, en el que, al menos 20 comunidades de la región están reforzando las protestas de los achacacheños, exigiendo la liberación de los profesores Gonzalo L. y Víctor S., quienes fueron aprehendidos el pasado viernes por los hechos violentos del mes de febrero.
“PACTO DE UNIDAD”
El dirigente vecinal de la población de Achacachi, Guido Salas, indicó que las autoridades de la comunidad de Kjasina, donde se proyecta llevar a cabo la parada militar este 7 de agosto, suscribieron también el “Pacto de Unidad”, que rechaza la realización del acto militar en sus jurisdicciones.
“Las mismas autoridades de la comunidad de Kjasina, que inicialmente aceptaron a que se realice la parada militar, ahora están rechazando este acto cívico militar, al firmar el documento de hermandad, si no son liberados (los profesores) no se realizará la parada militar. Al Gobierno no le conviene perder un batallón”, puntualizó el dirigente.
Por su parte, el ministro de la Presidencia, René Martínez, aseguró que el conflicto sindical no puede afectar al desarrollo de la actividad militar, tomando en cuenta que esta fue prevista antes de la aprehensión de los profesores. Espera que este problema no sea manejado políticamente y vaya a generar más conflictos en la región.
“No tiene nada que ver con el conflicto municipal, es un problema que fue puesto en conocimiento de la justicia ordinaria, por lo que no vemos porqué tuviera que interferirse y esperemos que no haya intencionalidades políticas camufladas para intentar o generar más escenarios de conflicto”, declaró.
La dirigencia de los profesores del área rural, de la comunidad de Achacachi, también asumirá medidas de presión, las cuales serán determinadas en la asamblea que se desarrollará en las próximas horas, si no se libera a sus colegas. Alega que no existe fundamento legal alguno para implicarlos en los actos violentos que se generaron el pasado mes de febrero.
RENUNCIA
A la vez, en el documento rechazan la continuidad de Edgar Ramos (MAS) como alcalde la población de Achacachi, a quien responsabilizan por las peleas que se generaron entre los comunarios. Exigen su renuncia inmediata.
La medida también afectó al desarrollo cotidiano de la región. Se paralizaron las labores educativas y los centros comerciales y bancarios no están brindando servicios a la población.
“No existen entidades bancarias que estén ofreciendo servicios a la población y las labores educativas están suspendidas, es un bloqueo contundente. La población ya desconoció al alcalde Edgar Ramos, los ponchos rojos también se están sumando al pacto de unidad, por ejemplo los cantones de Janko Amaya”, explicó Salas.
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