Futuro incierto para niños, víctimas colaterales de feminicidios

Tendido en la mesa de autopsias, el cuerpo de Valentina todavía describe la otra parte de su vida, pues ante la presión dactilar, de sus senos aún brotan abundantes chorros de leche fría revelando que el feminicidio dejaba a otra víctima colateral viva.

La bebé de apenas un año, que aún dependía del pecho materno, quedó al cuidado de Elvira, la abuela de 63 años que desde la Comunidad Cocani del municipio de Achacachi, acudió junto a la familia para rescatarla junto a sus tres hermanos, de siete, cinco y tres años.

Los nombres reales de los cuatro menores no figuran como dependientes de algún tipo de atención en los registros de la Defensoría de Achacachi ni en las listas de niños o niñas que deben recibir atención o apoyo de la Gobernación de La Paz, y en esa línea, su caso nunca será tomado en cuenta para emitir políticas de prevención o atención de menores huérfanos ante el feminicidio de la madre a manos del padre, que en un 90 por ciento termina en un centro penitenciario.

A futuro, de mantenerse el anonimato de su situación, los niños de Valentina tampoco serán parte de las estadísticas que deben ser centralizadas y emitidas por el Sistema de Información de la Niña, Niño y Adolescente (Sinna) y el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género (Sippase), ambos a cargo del Ministerio de Justicia.

La falta de implementación de esos sistemas, como concluyeron los dos consejos sectoriales e intersectoriales realizados entre el 26 y 27 de julio, organizados por la direcciones de la Niñez y Género de esa cartera de Estado, deja pendiente la problemática y visualización de esas víctimas colaterales del feminicidio.

Una labor inconclusa de implementación a cinco años de la promulgación de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia - Ley 348 y a dos de la Ley 548, del nuevo Código Niña, Niño y Adolecente.

Maysa Ureña, Directora de género, y Ninoska Durán, responsable de la Dirección de la niñez, ambas del Ministerio de Justicia.

RUIDOS DE VALENTINA

Además del traumatismo craneoencefálico severo de cinco centímetros en la parte posterior del cráneo, el rostro de Valentina presentaba una inflamación en el pómulo izquierdo, pero la evidencia concluyente de la violencia sistemática a la que había sido sometida por años esta mujer de pollera de 34 años, se verifica en las varias piezas dentales quebradas en su boca, como señala el informe forense.

El informe y registro fotográfico forense confirman las lesiones de data antigua y pequeños cortes recientes en sus extremidades que llaman la atención, al parecer provocadas por arma blanca. Pero como causa final de la muerte, se determinó la broncoaspiración que sufrió debido a la sangre acumulada en su boca, ya que luego de golpearla en la cabeza con un palo de eucalipto, Ramón, su esposo, la levantó del piso, donde había quedado inconsciente y la acomodó sobre la pequeña cama que compartían.

Luego de desenroscar la bombilla del cuarto que no tiene interruptor, Ramón se acomodó a los pies de su mujer, desde donde asegura haber escuchado los extraños ruidos que Valentina hacía con la boca.

El llanto de uno de sus hijos hizo que volviera a encender la luz y al verla en mal estado, Ramón afirma que fue en busca del médico del lugar, quien no abrió su puerta pese a que tocó con insistencia.

Luego, sus familiares y él retornan al cuarto, donde encuentran a Valentina ya sin vida. “Eso lo han contado los niños”, señala uno de los familiares.

Mónica Palma, abogada de la familia de Valentina, asegura que solo se tiene la declaración de Flor, la hija mayor de siete años, quien fue la única que logró calmar el llanto al día siguiente.

El informe señala que la declaración de Flor fue tomada solo por el abogado de la Defensoría de ese municipio sin presencia de un psicólogo, trabajadora social o representante del Ministerio Público, contrario a lo que señala la “ruta crítica interinstitucional para la atención y protección a víctimas y/o testigos, en el marco de la Ley 348”.

OLVIDAR

“No se trabaja en el olvido”, es una de las frases contundentes que lanza Pamela Jiménez Virreira, coordinadora del Área de Terapia del Centro Terapéutico Municipal de La Paz.

Jiménez se refiere así al hecho de que la terapia no es para que los niños olviden lo sucedido, sino para que aprendan a vivir con esa experiencia y enfocar esos sentimientos de manera que puedan sacar lo mejor de ellos mismos.

Asegura que una de las terapias con la que más se trabaja en menores víctimas de violencia es la “narrativa”, parte de la Escuela Sistémica, que dice cómo se debe reencausar esas experiencias. Se fortalecen los niveles de resiliencia, se rescatan virtudes internas, emociones, “porque hay niños que tienen recursos inimaginables para afrontar estas situaciones y se debe fortalecer a los papás o a quienes se quedan a cargo para ser modelos positivos de conducta para ellos”, explica.

Por los antecedentes del caso, que en junio avanzó con la reconstrucción de los hechos, el tratamiento descrito por Jiménez no será aplicado a los hijos de Valentina debido a que el municipio de Achacachi no cuenta con ordenanza de funcionamiento para la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia (DNA) ni el Servicio Legal Integral Municipal (SLIM), como lo señala el “Diagnóstico Situacional de los Servicios Sociales de Atención y Protección” de 2016, elaborado por la Gobernación paceña.

El dato es contradictorio debido a que en el informe sobre “Ejecución presupuestaria de gastos - gobiernos autónomos municipales del departamento de La Paz”, emitido hasta abril de este año por el Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, se señala que el municipio de Achacachi sí cuenta con DNA, SLIM y Servicio Legal a los cuales destinó al menos 243.000 bolivianos.

“Los niños están bien, van a la escuela, vivos son, pero ya no lo quieren a su papá, el día que lo han visto (al día siguiente), desde lejos su padre les ha hecho así, con la mano, y ellos se han ido a otro lado”, afirma un familiar que no quiere ser identificado.

Al margen del incumplimiento de las normas, Jiménez señala que en el caso de los menores expuestos a estos hechos, “no se trabaja en el olvido, se trabaja en otra narrativa de lo que les ha pasado: ‘esto ha servido para fortalecerme’, es decir, se trabaja en reencausar la experiencia, colocarla en un lado de la historia de su vida y trabajar con esta experiencia para poder seguir viviendo al final de cuentas y que esta experiencia en algún momento no defina las decisiones importantes que toman. Aceptarla y aprender a vivir con eso”, concluye.

TODOS SANTOS

La abogada Palma señala que en el campo con tradiciones distintas se celebra la fiesta de Todos Santos por varios días y de acuerdo con antecedentes del caso, horas antes del golpe mortal que le asestó Ramón a Valentina, aquel 3 de noviembre de 2016, ella y sus cuatro hijos lo dejaron compartiendo bebidas con sus parientes.

Cerca de la medianoche, el hombre retornó ebrio a su cuarto a “sacar más plata”, cuando al parecer Valentina le reclamó que gaste los ahorros de la venta de papa, su única actividad comercial.

Ramón declaró que fue su mujer quien lo agredió primero, él solo respondió arrebatándole el palo y dándole un golpe que la dejó en el piso, algo que el informe forense desmiente y señala que Valentina recibió varios golpes antes de perder la vida.

UNA SOLA UNIDAD

Para tratar el ejercicio de derechos, Aldeas Infantiles SOS no separa la problemática de niños, niñas y mujeres, y los toma como una unidad representada por la familia.

“Si la familia está en buenas condiciones de desarrollo, los niños tienen buenas condiciones para ejercer sus derechos, desde la alimentación, la salud, la educación, hasta el desarrollo afectivo; lo mismo pasa con las mujeres, si tienen un buen entorno familiar, hablamos de relaciones equitativas o asignación responsable del trabajo entre el varón y la mujer”, explica Álvaro Rodríguez Bohórquez, responsable de Monitoreo, Planificación y Evaluación en Aldeas SOS.

DOLOR POR SOLUCIONES

Bajo la premisa de que una mayoría de los feminicidios está vinculado al entorno familiar, Aldeas Infantiles SOS, junto al Instituto de Investigación de la Universidad Católica Boliviana (UCB) San Pablo, realizó el estudio: “Cada Niño Cuenta: situación de los derechos de los niños y niñas que perdieron el cuidado familiar o están en riesgo de perderlo”.

“El estudio se hizo a raíz de dos situaciones lamentables. A finales de 2014 con el ‘caso del bebé Alexander’ que demostró las carencias del sistema de protección para los niños y niñas que no tenían a sus familias y que viven en centros de acogida. También, por otro caso en Cochabamba, donde dos niñas quedaron huérfanas por un feminicidio y tuvieron que ser acogidas en una aldea, que evidenció una debilidad en el sistema de protección en cuanto a la prevención, es decir, qué hace el sistema de protección para evitar que los niños queden huérfanos en situaciones de violencia intrafamiliar, de consumo de alcohol o de familias con alto riesgo social”, detalla el profesional.

El informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Bolivia de 2015 de la Defensoría del Pueblo señala que existen 30 mil niños en centros de acogida y el estudio de SOS reitera la carencia de un sistema de monitoreo global, que en el caso de menores debe ser el Sinna.

De esos 30 mil niños, SOS atiende a 1.600, siendo Santa Cruz el departamento que tiene mayor cantidad de casas de acogida y junto a La Paz son los dos departamentos que para la alimentación, en promedio, designan Bs 15 por día. El resto, además de la reducida implementación de equipos multidisciplinarios, solo invierte entre Bs 7 y Bs 11.

Por otro lado, están los menores que no perciben esos recursos porque debido a la retardación de justicia en casos penales no se tiene definida su tutela o como para los hijos que dejó Valentina, que cumplen lo que señala la Ley 348 al definir como custodios a su familia extendida, es decir la abuela Elvira, el Estado se deslinda de responsabilidades.

Reconstrucción del hecho en la que Ramón describe cómo luego de golpear a Valentina con un palo en la cabeza, la acomodó en la cama donde murió por falta de atención.

HISTORIAS

Dentro de uno de los anexos del estudio, también acudiendo al resguardo de identidades, Aldeas SOS plasmó el testimonio de Cintia, una más de las víctimas colaterales de un feminicidio, pero que en este caso sí halló respuesta en la ayuda psicosocial de las instituciones.

La dramática historia fue contada por una joven participante del grupo focal de Cobija.

“Desde muy niña, Cintia fue testigo de la violencia extrema ejercida por su padre hacia su madre. Relata que su madre intentó escapar varias veces, en algunas ocasiones, llevándose a sus hijos con ella, hasta que su padre la volvía a encontrar. La última vez, acabó con su vida frente a ella y sus hermanos. Cintia recuerda a su mamá como una mujer muy trabajadora, siempre acosada por su padre: “Me llevaba a su trabajo, siempre buscaba darnos lo mejor a nosotros. No quería dejarnos solitos nunca”.

“Mi papá amenazaba a mi mamá que la quería matar y ella quiso escapar. Ella primero fue a La Paz y allá también la pilló y vino acá con nosotros; estábamos viviendo con mi tía en Cobija”.

“El día que murió mi madre estábamos yendo a casa y ahí nosotros mirábamos que del pasto venía alguien corriendo y era mi papá; la pegó feo primero, y ella decía ¡no!, y nosotros gritábamos, intentamos sonarle para que la suelte (…). Mi hermanito se quedó mirando. Le gritábamos para que la suelte y le lanzábamos con palos, lo sonábamos. Mi tía vino corriendo, así, con palo a buscar, y él había escapado y le había cortado su cuello. Ella ya estaba muerta”.

VIDAS POR LEYES

“Quiero decir que la extraño mucho a mi mamá, yo creo que va a venir un día y me va a decir: Carlos, aquí estoy”, es parte de la breve declaración que pidió hacer el hijo de la periodista Hanalí Huaycho, a un canal de televisión en 2014, un año después de aquel 11 de febrero cuando le tocó ser testigo del que sería tipificado por la legislación boliviana del Estado Plurinacional como el “primer feminicidio”.

“Ha estado yendo y viniendo la Ley (348), hasta que sucede el feminicidio tan cruel, ya no asesinato, de la periodista Hanalí Huaycho, eso es lo que logra que se promulgue”, rememora Gloria Tapia, una de las fundadoras del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (Cidem).

“La ley siempre estaba en las últimas (instancias de revisión en la Asamblea Legislativa), siempre estaba corregida, observada, tanto tiempo, siete años, y no sé decir si fue una ayuda pero es el asesinato de Hanalí lo que logra que se promulgue (el 9 de marzo de 2013)”, cuenta Tapia.

Sin embargo, afirma con rigurosidad que si bien la muerte de Hanalí resultó emblemática fue tan importante como la de tantas mujeres “x” que acudían al Cidem y luego desaparecían víctimas de sus parejas.

Según los datos del cuaderno de investigaciones, Hanalí realizó al menos 14 denuncias, una menos que la cantidad de puñaladas con las que el teniente de policía Jorge Clavijo le arrebató la vida.

Una de esas denuncias fue hecha ante el propio comandante general de la Policía de entonces, pero no fue atendida.

SINNA

Sobre la implementación del Sinna, Ninoska Durán, directora de la Niñez y Adulto Mayor del Ministerio de Justicia, explicó que el sistema tiene una lógica modular, que va a agrupar la información, pero aún sigue inconcluso.

La directora señaló que el Sinna establecerá una corresponsabilidad con los gobiernos departamentales y municipales ya que en la medida en que el Ministerio de Justicia implemente y garantice el funcionamiento del sistema y los manuales de llenado de datos, serán las defensorías las que deban cargar los informes, aunque no se tiene normado el tiempo en el que deben realizar la actualización.

El informe de gestión 2016, de la Fiscalía General, presentó la relación de casos atendidos desde la aprobación de la ley 348.

SIPPASE

De acuerdo con Maysa Ureña, directora de Género de Prevención y Eliminación de Toda Forma de la Violencia en Razón de Género y Generacional, también dependiente del Viceministerio de Igual de Oportunidades, solo se hace “seguimiento a casos emblemáticos”, mediante la solicitud de informes a las autoridades judiciales.

“Estamos en la implementación inicial con cooperación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y estamos llegando ya con sistemas informáticos en 60 municipios para el registro de los diferentes tipos de violencia que reconoce la Ley 348”, indica Ureña.

La cobertura representa solo el 17 por ciento de los 338 municipios que hay en Bolivia de los cuales se desconoce el nivel de implementación de las DNA y los SLIM.

Según establece la norma, los datos deben ser subidos a estos sistemas por los responsables de los SLIM, Defensorías, Felcv, Fiscalía y otras instancias donde las víctimas de algún tipo de violencia presenten sus denuncias.

Pero la primera falencia en la implementación es la falta de ejecución de presupuestos por parte de los municipios, según el reporte de la Felcv que señala que en 2016, por ejemplo, las gobernaciones de Oruro, Pando, Cochabamba y Chuquisaca no ejecutaron ni un solo centavo de lo que la Ley 348 les asigna dentro del 5 por ciento de recursos por concepto de IDH.

El coronel Raúl Escobar, director nacional de la Felcv, precisa que debido a esta gran falencia la institución solo cuenta con 97 unidades en 67 municipios con solo 846 efectivos para los cerca de 10 millones de habitantes en todo el país.

Escobar señala que esa carencia de presupuesto solo afecta a la víctima, quien no puede ser auxiliada o rescatada en el área rural por la falta de vehículos o combustible.

La policía es una de las instancias que aporta con más datos a los temas de investigación sobre la temática, pero la rotación de autoridades hace que los informes siempre tengan variantes en los indicadores que difieren de gestión a gestión.

Empero, para Ureña es saludable que existan varios registros paralelos de las diferentes instancias, porque esto sirve de parámetro para la verificación de la información que se va a recolectar a futuro.

NO HAY FECHA

Teniendo en cuenta que ambas direcciones tienen facultades distintas, queda clara la dispersión de los datos, pues en la medida en que ambos sistemas aún están inconclusos no se tiene la perspectiva para el cruce de datos y establecer cuántos menores llegan a requerir protección del Estado a consecuencia de un feminicidio u otro tipo de delito o cuál su situación jurídica.

“Es una primera etapa todavía, nos faltan muchos municipios (278) a los cuales llegar, pero el trabajo está empezando recién, el desafío es grande. Son datos que nos han solicitado los organismos internacionales y que nos sirven a nosotros para planificar las políticas públicas, pero esto es algo que aún va a demorar. No puedo decir cuánto tiempo, no hay un plazo definido, vamos avanzando poco a poco”, concluye Ureña.

Así, el caso de Carlos, el pequeño de Hanalí Huaycho, quien por voluntad propia logró que en 2015 un juez le quite el apellido del padre, seguirá siendo información aislada que no será tomada en cuenta ni será referente para la atención de este tipo de casos.

Sin estos registros, la situación de los cuatro niños de Valentina continuará siendo invisible ante el sistema de protección del Estado que aún no termina de ser implementado, esperando quizá, que otra vida sea ofrendada.

Esta investigación fue realizada en el marco del Fondo Concursable Spotlight II de Apoyo a la Investigación Periodística en los Medios de Comunicación que impulsó la Fundación Para el Periodismo con el apoyo del European Journalism Centre.

Carlos Quisbert F.