El pongueaje

Cuando llegaron los españoles a esta parte de América, repitieron lo que habían hecho los bárbaros cuando cayeron sobre el imperio romano, es decir se repartieron tierras y hombres, dando lugar al feudalismo que en Europa duró casi mil años, y en nuestro país hasta la Reforma Agraria y el Voto Universal, dictados por el gobierno de la Revolución Nacional el 21 de julio de 1952 y el 6 de agosto de 1953.

La medida revolucionaria del Voto Universal liquidó las diferencias de clase, étnicas y de cualquier índole, al determinar la igualdad jurídica y social de todos los bolivianos con igualdad de derechos y obligaciones, y en lo electoral: un individuo, un voto. La medida de la Reforma Agraria redimió a los indígenas y campesinos entregándoles la propiedad de la tierra, con el principio de “la tierra es de quien la trabaja”.

Con la encomienda y la repartición de individuos y hombres en la colonia española se estableció un régimen de “feudalismo” y casi el 65% de la población boliviana estuvo sometida a ese régimen de explotación del hombre por el hombre, además los indígenas y campesinos sin derechos políticos y sociales.

Si bien ya en el gobierno del presidente mártir Gualberto Villarroel se decretó la abolición del pongueaje y sus envilecidas prácticas, como el “derecho de pernada” que tenían los patronos sobre las mitanis y el servicio doméstico en las casas de los patrones, estas medidas fueron dejadas sin efecto por el gobierno que asumió el poder luego del derrocamiento y magnicidio de Villarroel, por la alianza del comunismo de ese tiempo representada por el PIR y los partidos de la vieja oligarquía minero feudal.

Fue precisamente el 2 de agosto de 1953 que en Ucureña se firmó el Decreto de la Reforma Agraria, que liquidó el sistema latifundista y de explotación humana, pues aproximadamente el 4.5% de la población era propietaria del 70% de las tierras agrícolas, dando lugar al patronazgo latifundista que fue abolido.

El sistema del pongueaje, una suerte de siervos de la gleba de la Edad Media, obligaba a los indígenas y campesinos no sólo a trabajar las tierras del patrón, sino a aportar con semillas, herramientas y hasta los animales de tiro, a cambio de vivir en una parcela de tierra y beneficiarse con un pequeño porcentaje de la producción para su subsistencia, sin más derechos que pertenecer a la tierra, o sea ser parte de la tierra, pues en esos tiempos se vendía las propiedades agrícolas con los animales y los pongos, así en los periódicos se ofrecía propiedades en venta con x hectáreas, x llamas, x vacas y x pongos.

Pese a ese régimen de explotación e injusticia, entre el 35% y el 40% de los alimentos venían de fuera, comenzando por el azúcar, que venía del Perú (azúcar Cartabio) y no se exportaba productos agropecuarios o agroindustriales.

Estas dos medidas de importante contenido social, económico y político serían suficientes para justificar la Revolución Nacional, que además nacionalizó las minas que estaban en poder de los tres barones del estaño, hizo la Reforma Educativa y abrió el oriente (Santa Cruz) a la producción y el desarrollo.

En enero de 1953 fue posesionada la Comisión de Reforma Agraria que fue presidida por el vicepresidente de la República, Hernán Siles Zuazo y conformada por destacados intelectuales del partido de gobierno y de fuerzas opositoras (PIR y POR).

Si bien el sistema de ejecución del reparto de tierras resultó lento y engorroso, pues en los 30 años siguientes sólo se llegó a distribuir 39 millones de hectáreas de cultivo de cerca de 49 millones solicitadas, beneficiando a cerca de 700 mil beneficiarios, en el oriente se estimuló a la empresa agrícola por la abundante extensión de tierras y que hoy producen diversos productos, la mayoría para la exportación, como azúcar, soya y otros.

Este 2 de agosto que fuera también declarado “día del indio”, ha sido desvirtuado en su origen y festejado por el oficialismo, olvidando a sus ejecutores y pretendiendo borrar la historia, cuando en verdad son los beneficiarios de las medidas revolucionarias de la Revolución Nacional.

Una nueva tarea histórica está planteada, es la defensa del Tpnis y otras áreas protegidas (Madidi, el Bala, Chepete y otras), de las fauces de un capitalismo populista disfrazado de popular.