Capitalismo de Estado cae en saco roto

La política populista que pusieron en práctica algunos gobiernos de supuesta izquierda de América Latina -política que consiste en querer “construir” el socialismo sobre la caduca organización de las comunidades indígenas preincaicas sin pasar previamente por la etapa de desarrollo capitalista- consideró al capitalismo de Estado como la tabla de salvación para poner a salvo su dogmatismo y sus extravíos ideológicos. Pero pese a todo y en especial la ventajas de ese sistema, terminó en un fracaso rotundo o en una comparación gráfica, cuando en medio del naufragio buscó salvación, se refugió en una isla y encontró que ésta era solo el lomo de una ballena.

El intento de establecer en Bolivia el capitalismo de Estado terminó en un inmenso cero, tanto en lo que se refiere a grandes como pequeñas empresas, excepto algunas que tuvieron como única ventaja a su favor el alza de precios de las materias primas en el mercado internacional o medidas favorables dictadas por algunas naciones extranjeras conocidas por ser importantes mercados de consumo.

Renombrados especialistas nacionales han confirmado cómo por una deficiente administración y falta de seriedad en gestión, empresas estatales como YPFB y Comibol no tuvieron éxito, terminaron en fracasos lamentables, pese a los grandes ingresos que obtuvieron durante los más de diez años recientes, beneficios que sirvieron solo para aumentar la burocracia, subir salarios y hacer inversiones dudosas (sin tomar en cuenta la corrupción) por una cantidad de dinero que gira los tres mil millones de dólares.

Ese mal manejo del capitalismo de Estado que presuntamente debió contribuir a fortalecer la independencia política y económica nacional, actuó en dirección contraria al interés del país, desestimuló el desarrollo de las fuerzas productivas y no aumentaron las premisas económicas para que el país emprenda el desarrollo de sus fuerzas democráticas. Es más, en vez de crear las condiciones para un salto adelante, determinó un retroceso hacia sistemas coloniales y feudales, inclusive en la agricultura, que causó que la alimentación del pueblo boliviano pase a depender de las importaciones de productos imprescindibles para su subsistencia.

Salta a la vista que las empresas capitalistas estatales en Bolivia no tienen la eficiencia de las privadas. El caso patético es que la economía boliviana que estaba saliendo de depender de la exportación de materias primas, pasó de una economía monoproductora del 60 al 80 por ciento, con tendencia a empeorar, debido a la inestabilidad de los precios de materias primas, el gasto de las reservas, sin hacer referencia a la corrupción, fuga de divisas y otros.

Por esa política económica errática, Comibol subió en Huanuni el número de obreros de un mil a cinco mil, procedió al alza de sueldos y salarios en forma irracional, incrementó su burocracia y, entre otras deficiencias, emprendió proyectos faraónicos como la fundición de bismuto de Telamayu (2 millones de dólares), la puesta en marcha de la fundición de Karachipampa (62 millones de dólares), el nuevo ingenio de Huanuni (60 millones de dólares), el proyecto del litio (920 millones de dólares), etc.

Con esos antecedentes, el Ministerio de Minas anunció, para tender una cortina de humo ante la ostensible frustrada gestión minera estatal durante los diez últimos años, la “reestructuración” de Comibol, proyecto que ha merecido la crítica de la opinión pública y de la COB y que, posiblemente, como otras medidas similares, caerá en saco roto.