Los obstáculos para que el Papa acepte ser garante

El reciente giro táctico en la relación con Chile anunciado por el presidente Evo Morales, a la vez que oportuno, entraña dificultades de las que el gobierno debería tomar nota.

Morales ha pedido a Santiago el inicio de un diálogo de buena voluntad, que en un término definido y con un garante creíble permita buscar una solución soberana a nuestro enclaustramiento marítimo. Un vuelco que en Chile se ve con expectativa, aunque su sector político más duro ya ha respondido que no hay posibilidades de negociar soberanía.

La jugada boliviana es inteligente porque deja el problema en manos de la diplomacia chilena y resta poder de fuego al exmandatario Sebastián Piñera, el candidato con más probabilidades de ganar las elecciones presidenciales de noviembre, que ha usado la escalada de diatribas con Morales como arma para engrosar su caudal electoral.

El canciller Huanacuni develó en una reciente entrevista con El Deber que el garante con el que el gobierno aspira a contar es nada menos que el Papa Francisco.

Esta esperanza supone dos problemas para Bolivia, uno visible y el otro que transita tras bambalinas.

El visible es que Michelle Bachelet acepte los términos planteados por Morales. Y no sólo el de negociar soberanía, sino que superado ese escollo, la política chilena acepte a Jorge Bergoglio como garante, habida cuenta del ya histórico llamado al diálogo por el Pontífice entre ambos países en su visita a Bolivia de 2015.

Su “estoy pensando en el mar” no cayó bien tras los Andes y una parte del establishment chileno no sólo tomó ese pedido como una presión sobre Santiago, sino que utilizó otros subterfugios para, a partir de entonces, devaluar sistemáticamente la imagen del Papa, ya no sólo como posible mediador o garante en el futuro sino también como líder espiritual.

La estrategia, promovida desde una porción importante del poder político y mediático chileno, consiste en dañar la imagen de la Iglesia como institución respetable a partir de acusaciones que, como pasó en otros países, generalizan las simpatías y temores de una parte de la curia con el régimen de Pinochet de modo que se vean como una postura general de la Iglesia hacia la dictadura.

Claro, en tal operación, se deja en el olvido la intervención del Papa Juan Pablo II como mediador en el conflicto por el Beagle entre Chile y Argentina que, de no ponerse en marcha y resultar exitosa, hubiera supuesto la muerte de miles de soldados y civiles de ambos países.

Es más, la mediación del ahora San Juan Pablo dio la razón a Chile, lo que implica para Argentina pagar el alto costo de no tener salida al Pacífico y que Santiago tenga el monopolio sobre ese océano al sur del continente.

Y hay suficientes razones para sospechar que esa misma mediación -dado que cancelaba la hipótesis de una guerra en la región- es la que llevó a las Fuerzas Armadas chilenas a echar por tierra despectivamente las conversaciones en busca de una salida soberana para Bolivia, iniciadas tras el abrazo de Charaña de 1975.

Pinochet desterró al cesto esas conversaciones precisamente en 1978, cuando la Santa Sede ya había empezado su labor de mediación con Argentina.

En definitiva, gracias a la Iglesia, Chile ganó en dos tableros: con Argentina y con Bolivia.

Pero la operación anti Papa continúa desde la prensa “progresista”, que trata de hacer ver a Bergoglio como si prohijara en Chile actos de abuso a menores, lo cual constituye una injuria. Alguno de esos medios incluso llegó a hackear comunicaciones entre la jerarquía eclesiástica chilena.

No obstante, un obstáculo menos visible pero igual de real para que el Papa acepte intervenir como garante procede del propio gobierno boliviano.

Para algunos prelados resulta paradójico que mientras Morales quiera cargar en los hombros del Pontífice esa dura labor, desde otros sectores del gobierno se promueva el aborto, una política inadmisible para Francisco.

No se puede invitar a alguien como garante para luego espetarle que no se cree en lo más profundo de su prédica.