Tras instituirse la República en 1825, la propiedad de la tierra continúa generado confrontaciones entre pueblos indígenas de tierras bajas y el Estado. A nueve años de la denominada “refundación” de Bolivia, la situación no ha cambiado nada en el marco del Estado Plurinacional.
Cabe recordar que en 1990 los indígenas del Beni protagonizaron la “Marcha por el Territorio y la Dignidad”. Decenas de indígenas partieron desde el corazón del Beni a La Paz, en demanda del respeto a sus territorios ancestrales, amenazados por la explotación maderera.
Las principales amenazas que perciben los indígenas son las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, que afecta su cosmovisión y altera el equilibrio medioambiental, asimismo, las megaobras como las hidroeléctricas.
Recientemente, los pueblos moxeños (ignaciano y trinitario), movima, yuracaré y chimán, luego de 27 años volvieron a movilizarse en defensa de sus tierras ancestrales que se ven en peligro por una resolución administrativa emitida por el INRA que define a dichos espacios como tierras fiscales (art. 395 de la CPE).