La polémica Asamblea Constituyente implantada por el Gobierno venezolano inició ayer sus funciones con una drástica medida: removió del cargo a la fiscal general Luisa Ortega Díaz, que denunció la brutal represión que ejercen las fuerzas de seguridad.
“Desconozco las decisiones y no las asumo, porque están al margen de la Constitución y la ley”, dijo Ortega, quien denunció que está “en pleno desarrollo un golpe contra la Constitución promovido” por el máximo tribunal y el gobierno de Nicolás Maduro.
