Cap. M.Sc. Christian Duk Escóbar
La delincuencia juvenil es un flagelo social cada vez más difícil de controlar. Especialmente preocupante es el ingreso de los menores, cada vez de menos edad, al mundo delictivo. Esta tendencia se da no solo en América Latina, sino a nivel mundial. Por esta razón, es un problema de la sociedad y no debe ser visto como un hecho aislado.
Las causas de la delincuencia juvenil son múltiples y variadas. Sin embargo, como este problema se viene agravando, el Estado debe asumir políticas para contrarrestarlo y, ante todo, prevenirlo.
Para prevenir la delincuencia primero debemos conocer sus causas, sus motivaciones que son muchas y de diferente naturaleza. Entre ellas están las de orden económico. A nadie escapa que el incremento del desempleo, la falta de oportunidades de trabajo, es un fenómeno que contribuye al auge delictivo, especialmente contra el patrimonio económico y en algunos casos contra la propia vida y la integridad personal.
Desde luego que en la medida en que falten los medios indispensables para la subsistencia personal y familiar, los adolescentes y jóvenes son afectados. En primer lugar se presenta la deserción escolar y a menudo también el abandono del hogar. Es decir que los jóvenes tratan de buscar sustento por otros lados. Ante las dificultades para estos propósitos, fácilmente terminan en la delincuencia común o en otras actividades fuera de la ley. Prácticamente la necesidad los conduce a esa situación.
Otra causa es la desintegración del hogar, cuando los adolescentes quedan sin la debida protección y orientación de alguno de sus padres. Cuando quedan solos y, por lo tanto, descontrolados, si no hallan algún apoyo, fácilmente terminan por los caminos de la delincuencia.
Tampoco podemos desconocer que la situación de violencia que vive el país y que se proyecta en los medios de comunicación, como cine, televisión, Internet y páginas sociales, también influye o estimula este tipo de delincuencia.
Otros factores son atraer la atención, reducir la tensión generada por la rabia, frustración o ansiedad, huir de la situación desagradable, venganza, curiosidad (probar la droga), alcanzar un nivel de excitación o acabar con el aburrimiento.
En el ámbito legal no se cuenta con sanciones drásticas, el menor está fuera del ámbito de las normas penales, para él no tienen validez las sanciones establecidas en los Códigos, por lo que precisa, necesariamente, un régimen especial, para un tratamiento re-educativo y de corrección, que suplan al castigo.
Es más aconsejable aplicar políticas de prevención que de represión. Aunque hay que atacar las causas principales que vienen contribuyendo al auge delictivo de los menores, a través de políticas de Estado. A la cabeza está la reactivación del empleo y estrategias de tipo educativo, frente a la emergencia que se vive. También se requiere drásticas medidas policiales, como las que se está poniendo en práctica en el país a través de los planes de la institución del orden, para evitar la proliferación de pandillas, a través de charlas educativas en los centros educativos. Además es importante centrar la atención en el bienestar de los jóvenes desde su infancia.
La familia es la unidad central encargada de la integración social del niño. Los gobiernos y la sociedad deben tratar de preservar la integridad de la familia. La sociedad tiene la obligación de ayudar a la familia a cuidar y proteger al niño y asegurar su bienestar físico y mental. Se deberá prestar servicios apropiados acordes con sus necesidades.
Es necesaria una política que permita a los niños criarse en un ambiente familiar de estabilidad y bienestar e incluir asistencia para resolver situaciones de inestabilidad o conflicto.
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