Los campesinos tienen menos tierra que antes

Hace 64 años, el 2 de agosto de 1953, el gobierno de entonces (MNR) dictó el decreto de reforma agraria. Sus objetivos principales fueron destruir la arcaica distribución de la propiedad de la tierra de tipo latifundiario feudal improductivo y hacer que todos los indígena-campesinos pasen de ser meros usufructuarios de sus parcelas a propietarios absolutos de ellas. A la vez, aparte de otros asuntos menores, fueron abolidos los sistemas de trabajo gratuitos (pongueaje, colonato, etc.), para ser sustituidos por el sistema de trabajo pagado en dinero en efectivo, contante y sonante o salario.

Sin embargo, ese proceso no tuvo un desarrollo lineal, pues esas fundamentales condiciones solo estuvieron en vigencia hasta 1964 y fueron anuladas cuando un nuevo gobierno las modificó y, en particular, arrebató a los indígenas-campesinos el derecho democrático de propiedad sobre sus parcelas. A la par, restauró sustancialmente el antiguo régimen de tenencia del suelo, recomponiendo el sistema de la distribución feudal del suelo. Al mismo tiempo, esa contrarrevolución agraria hizo posible la restauración del modo de producción sobre las bases de la servidumbre gratuita, impidiéndose avanzar en el régimen de trabajo pagado en dinero en efectivo al final de la jornada; fue un verdadero retroceso en la historia económica de Bolivia.

Dentro de ese nuevo orden se mantuvo esa tendencia y nuevos gobiernos militares y civiles no dejaron de acentuar dicha orientación restauradora, dirigida a objetivos neofeudales y antidemocráticos, hasta que, finalmente, se impuso la línea dura, antinacional, al dictarse en 1996 la ley del INRA (Instituto nacional de reforma agraria), la misma que anuló los objetivos principales de la reforma de 1953, al privar a los indígenas el derecho absoluto de propiedad e inclusive la misma propiedad del suelo de que disfrutaban desde 1953. Es más, aumentaron las condiciones para el retorno al sistema de trabajo pagado en especie y no en dinero.

En este aniversario de la reforma de 1953 la situación de la economía agraria del país, pese a anuncios oficiales, se mantiene inalterable en la línea restauradora. En efecto, los campesinos-indígenas no son propietarios, ya no son ni siquiera meros usufructuarios, sino han sido condenados a ser meros tenedores de sus parcelas de miseria, porque se les prohibió venderlas, hipotecarlas, alquilarlas y aun trabajarlas, etc., tanto por la Ley INRA (de Sánchez de Lozada) como con su ratificación mediante la “Ley de reconducción comunitaria de la reforma agraria” y la Constitución de 2006, dictadas por el gobierno de Evo Morales Aima.

No obstante el conocimiento público de los alcances de esa contrarreforma agraria, el Ministro de desarrollo rural ha ofrecido al respecto una versión falsa -en oportunidad del aniversario de la reforma agraria dictada en Ucureña en 1953-, cuando indicó que en el país la superficie de tierras en propiedad de los campesinos subió del 37 al 57 por ciento, mientras las áreas en propiedad de los dueños privados de la tierra se redujeron del 68 al 9.8 por ciento.

Tal afirmación es engañosa, ya que en verdad está ocurriendo lo contrario con la nueva legislación, pues a los campesinos-indígenas en general (incluyendo a los comunarios) se les quitó el derecho de propiedad sobre sus tierras parcelarias y colectivas e inclusive se les priva de parte de sus terrenos por el tramposo procedimiento llamado de “saneamiento” y se les arrebató el derecho a la renta del suelo, al prohibírseles vender sus terrenos (debiendo dedicarse al cultivo de coca), mientras a los latifundistas, en especial en el oriente, se les garantizó ese derecho propietario, o sea se les benefició con la posibilidad de transferir sus tierras y así obtener grandes beneficios con la renta territorial.

En esa forma, en realidad la superficie de la tierra en propiedad de los indígenas-campesinos se redujo a casi cero, quedando convertidos en meros tenedores de sus parcelas, mientras en las áreas en propiedad de latifundios, los grandes dueños dela tierra “engordan” ilimitadamente. Estos aspectos ponen en claro el dramático problema de la tierra en Bolivia, los mismos que son de graves consecuencias para nuestro país. Esos aspectos son de fácil comprobación con la simple lectura de la nueva Constitución, la Ley de reconducción comunitaria de la reforma agraria y la revisión de las políticas agrarias desde la fundación de la República. Así de simple.