Iglesia niega vínculos ilegales

La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) desmintió ayer al viceministro de Transportes, Galo Bonifaz, quien denunció sin pruebas a la Iglesia Católica de tener 843.164 hectáreas al interior del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), y de actuar como “cómplice” del narcotráfico y otros ilícitos.

“Ahora más que especular, nosotros presuponemos siempre la buena fe de nuestras autoridades, pero es importante precisar la información. La única propiedad que tiene la Iglesia Católica en el Tipnis pertenece al vicariato del Beni y se trata del Instituto Tecnológico Agropecuario Kateri Ketawita, que tiene 843 hectáreas. Este terreno ha sido adquirido el año 2003”, puntualizó José Rivera, jefe de Comunicación de la CEB.

Bonifaz aseguró que “la Iglesia Católica no tiene moral” para señalar que el Gobierno debe realizar alguna consulta sobre la intangibilidad del Tipnis puesto que ellos, en años pasados, no consultaron y se apropiaron de 843.164 hectáreas dentro del territorio indígena.

“Hace 10 años, la Iglesia Católica tiene sus propiedades dentro el Tipnis, entonces claramente se demuestra que la oposición, los dirigentes y la Iglesia Católica están mintiendo al pueblo boliviano y son cómplices de estas actividades del narcotráfico, de estas actividades de caza y pesca indiscriminada, son cómplices del desequilibrio del ecosistema dentro del Tipnis. No quieren admitir que el Tipnis es la ruta del narcotráfico”, dijo en conferencia de prensa.

Según el Viceministro, tanto la oposición como la Iglesia Católica y los dirigentes del Tipnis quieren que el Estado no trabaje en proyectos “sostenibles de desarrollo para los pueblos indígenas, pero –continuó– sí quieren que se ejecuten actividades ilegales con la presencia de ganaderos, madereros, narcotráfico”.

Rivera calificó la información de Bonifaz como imprecisa y expresó su esperanza en que no sea de mala voluntad, sino simplemente un error. “Este caso ya fue aclarado el año de 2013, ya que hubo una denuncia parecida del entonces ministro Juan Ramón Quintana”, afirmó en alusión al también exdirector de la Agencia para el Desarrollo de Macroregiones y Zonas Fronterizas (Ademaf) y actual embajador de Bolivia en Cuba.

El representante de la Conferencia Episcopal lamentó que el Gobierno vincule a la Iglesia con el narcotráfico u otros ilícitos, y pidió a las autoridades revisar minuciosamente la información respecto a este tema para sacar luego sus conclusiones.

“No queremos entrar a un escenario de la especulación, mucho menos de insulto o descalificación, por eso no contribuye a nada, pero nos parece importante mínimamente precisar esta informaciones (…). Todo está documentado, no hay nada que ocultar, ¿de dónde pueden sacar ellos (Gobierno) que esto (la propiedad) sea algo ligado al narcotráfico?... Es mejor que revisen la información y que después saquen las conclusiones”, señaló.

Rivera explicó que inicialmente el vicariato del Beni compró 1.200 hectáreas para el Instituto, pero tras el saneamiento que hizo el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) sölo se quedaron con 843 hectáreas que en la actualidad aprovechan 80 estudiantes del Tipnis.

“En realidad se compraron 1.200 hectáreas, pero tras el proceso de saneamiento por parte del INRA como debería ser y tras este proceso de saneamiento se redujo la superficie de 1.200 a 843 hectáreas. Esa es la propiedad que tiene la Iglesia en el Tipnis”, precisó.

Rivera dijo que el objetivo del Instituto Tecnológico Agropecuario es capacitar a los bachilleres del Tipnis para que se formen a nivel técnico superior. Reveló que el pasado mes estuvo en el lugar el ministro de Educación Roberto Aguilar, quien aplaudió la iniciativa de la Iglesia y prometió replicar la experiencia en otros lugares.

“Esta propiedad se ha comprado para el Instituto Técnico Superior; para los hijos de las comunidades del Tipnis, funciona para que terminen su bachillerato e inmediatamente después se engranen a este estudio de técnico superior en agropecuaria. Los estudiantes en este momento son 80, quienes están bajo el régimen de internado, pagan 15 bolivianos al mes, principalmente para lo que es la comida y eso no alcanza para el sostenimiento”.