Gobierno pretende beneficiar a cinco sectores para reelección

La anulación de la ley de intangibilidad del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure es una estrategia política del Gobierno central para favorecer a cinco sectores sociales afines al MAS y, con ello, garantizar su relección en las elecciones presidenciales de 2019, según el análisis de Iván Arias.

“Con esta norma lo que el Gobierno pretende es intervenir los parques nacionales, con la finalidad de beneficiar a cinco sectores y garantizar su poder, rifar el país para quedarme en el poder el tiempo que yo quiera eso es lo que quiere”, explicó el analista.

Estos cinco sectores beneficiados son los productores de coca del trópico de Cochabamba, quienes podrán ampliar sus cultivos de coca; la exploración y explotación de hidrocarburos; la explotación de madera por empresas públicas y privadas; ingreso de concesiones mineras para la explotación de oro y la ampliación de los cultivos de soya por parte de empresarios.

COCALEROS

Por su parte, el exdirigente del Tipnis Fernando Vargas anteriormente reforzó esta teoría, el Gobierno tiene el objetivo de beneficiar a dos grandes sectores: a los cocaleros de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba y a las empresas petroleras transnacionales que operan en el país.

“Hay varios elementos que están detrás de la carretera, por ejemplo, están los 35 mil cocaleros (del Chapare) que esperan que esa carretera se abra para entrar a distribuir las tierras del Tipnis. Eso va provocar que el Tipnis desaparezca como parque”, aseguró Vargas.

De acuerdo al exdirigente indígena, otro interés que tiene el Gobierno para la construcción de una carretera, que atraviese esta reserva forestal, es cumplir con los compromisos que hizo con las empresas transnacionales petroleras cuando estaba en campaña electoral.

A criterio de los parlamentarios de oposición, la construcción de la carretera por medio del Tipnis tiene el propósito de beneficiar a algunos sectores que pretenden sembrar coca.

HIDROCARBUROS

Por su parte, el diputado de Unidad Demócrata (UD), Wilson Santamaría, denunció que en los decretos supremos 676 y 2366 se permite explorar en 56 áreas hidrocarburíferas, de las cuales 22 se encuentran en el Tipnis.

“En las coordenadas 22 de las áreas de exploración gasífera están en el Tipnis y el Gobierno necesita esta ley para garantizar la ejecución de tres contratos que fueron suscritos y propiciar el ingreso de empresas petroleras para la prospección”, explicó el legislador.

En el parágrafo II, del artículo 2 del Decreto Supremo 676 del 20 de octubre de 2010, establece que en las Áreas Reservadas a favor de Yacimientos Petrolíferas Fiscales Bolivianos (YPFB), que se encuentran en Áreas Protegidas, se deberá garantizar el cumplimiento de los Artículos 32,132 y 133 de la Ley Nº 3058, debiendo emplear tecnologías adecuadas que permitan mitigar los impactos socio-ambientales y culturales.

Además que las actividades hidrocarburíferas a realizarse en estas áreas reservadas para YPFB deberán respetar el ordenamiento jurídico vigente.

RESERVAS EN PELIGRO

Por otra parte, Arias manifestó que esta norma también permitirá que el Gobierno pueda ingresar de manera indiscriminada a otros territorios de los indígenas, tal es el caso del pueblo Mosetén, Chiman, Movín, Tacanas que están siendo afectados con la implementación del ingenio de San Buenaventura, los Lecos de Apolo, Baures, los Guarayos, entre otros.

“En este caso, el Gobierno afirma que hay mucha tierra para pocos indígenas por lo que está determinando redistribuir la tierra, en todas las tierras comunitarias de origen hay miles de colonizadores, que son los llamados interculturales” que están esperando ingresar a estas zonas para cultivar coca o en todo caso explotar sus recursos naturales”, argumentó.

En el país existen 21 áreas protegidas y reservas naturales que el Estado debe garantizar su protección ante cualquier intromisión que alteren el ecosistema y la biodiversidad.

CONSULTA

El colectivo Fuerza Ciudadana, que está integrado por profesionales y sectores de la población, está proyectando realizar un referéndum para la derogación de la ley 906 Ley General de la Hoja de Coca y la ley que fue sancionada por el Legislativo que elimina la intangibilidad del Tipnis.

Al menos, 30 colectivos ciudadanos se reunirán este fin de semana para llevar adelante esta propuesta, donde se pretende recolectar un millón de firmas a nivel nacional para plantear el referéndum. Tomando en cuenta los preceptos constitucionales, los cuales enmarcan que se requiere el 20 por ciento del padrón electoral para que se lleve a cabo este referéndum.