Lo más sobresaliente por lo insólito en el desfile cívico-militar del día 7, aniversario de las Fuerzas Armadas, fue la intervención de comunidades y grupos indígenas armados con pertrechos del Ejército Nacional, según había adelantado el ministro de Defensa Reymi Ferreira. Los campos de Achacachi fueron escenario de este acontecimiento que hasta ahora se denominaba Parada Militar.
Luego de la Jura a la Bandera, el Comandante en Jefe, Gral. Orlando Ariñez, otorgó una condecoración al presidente Evo Morales, sin citar el motivo de esta nueva distinción, pero dejando constancia de su compromiso con el partido de Gobierno y con el Jefe de Estado, alusiones inoportunas en una fecha de significación distinta. Prometió que en días más entregará un documento con la “nueva visión” de la Fuerza Armada en el Siglo XXI, sin duda, parte de la adhesión política demostrada.
Las palabras del Comandante en Jefe no contemplan que la institución castrense se debe al conjunto de la nacionalidad y no a partido o fracción alguna de la sociedad, y tampoco le corresponde deliberar, por mandato constitucional. Este marco la hace descender a la condición de célula militar-partidista, como sucediera en épocas pasadas con grave quiebra institucional.
El Ministro de Defensa anunció la participación de 30.000 Ponchos Rojos -conocido grupo de choque del MAS con asiento precisamente en Achacachi-, no obstante se registró solamente la participación de 25.000 almas, incluido el contingente militar. El orden -que no fue tal- estuvo garantizado por 1.800 policías. No hubo seña alguna del rechazo activo de la población de Achacachi a la “parada”, como se manifestó.
La entrega de armas a los civiles obedece, según Ferreira, al planteamiento del pueblo en armas para repeler cualquier agresión del “imperialismo”, es decir que la lucha popular sustituya a la guerra convencional. Enfoque similar al de Nicolás Maduro en Venezuela, donde los “colectivos” chavistas protagonizan un genocidio de 130 muertos a la fecha. Esta medida contradice a la Constitución Política, la cual otorga el monopolio de las armas a las fuerzas regulares, siendo además una advertencia del poder represivo a los sectores opositores.
Parece que en el país las lecciones de la historia no dejan huella y caen en el olvido. Entre los años 1952-64 campearon las tristemente célebres “milicias armadas” que sembrando el pánico, el terror y el crimen en las ciudades gozaban de absoluta impunidad. Los fusiles Máuser distribuidos entonces son responsables de cruentos enfrentamientos de campesinos (Laimes y Jucumanis, por ejemplo), también de los asaltos a minas en actual boga y muertes en peleas. Al margen de que la entrega de armas a civiles conforma un acto irresponsable, la ley la prohíbe y castiga su tenencia.
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