Los bolivianos avanzamos en el proceso para elegir a las autoridades del Órgano Judicial. Este tránsito no ha estado libre de críticas y de observaciones.
Es la segunda vez que el electorado ha sido convocado para este tipo de comicios, por tanto juzgo necesario revisar qué ha ocurrido en el anterior y en qué medida ha sido o no satisfactorio.
La premisa esgrimida por el actual gobierno en aquella ocasión fue: “dotar al país de una justicia sin militancia política, honesta y eficiente”.
Así, luego de las distintas fases de selección de postulantes, el 22 de octubre de 2011 aparecieron 115 candidatos en una descomunal papeleta de votación que medía 90 por 50 cm, en ella estaban minúsculas fotografías de hombres y mujeres aspirantes a ocupar un lugar en el Órgano Judicial.
En aquella ocasión para elegir a 56 candidatos, el proceso electoral costó alrededor de 100 millones de bolivianos, lo que significa que por cada candidato electo pagamos algo así como 1.785.714 bolivianos.
Si la premisa del gobierno del Movimiento Al Socialismo hubiera resultado verdadera, el precio habría estado bien pagado.
Sin embargo, seis años más tarde, en el 2016, el vicepresidente García Linera se refiere así: “la justicia en Bolivia decepciona, apesta y da vergüenza. La justicia boliviana está podrida”.
Dice la sabiduría popular que no debemos tropezar dos veces con la misma piedra, esto es que los seres humanos para sobrevivir tenemos que aprender de nuestros errores.
Si esto es verdad, entonces, ¿qué hacemos embarcados nuevamente en el mismo proceso?
Quizá, como afirma García Linera, “nos hemos equivocado y ahora queremos enmendar, para que haya una justicia rápida, gratuita y justa”.
Sin embargo, hay indicios suficientes para señalar que estamos yendo a paso firme a otra equivocación más. Veamos.
Es bueno aclarar que este proceso electoral tiene cuatro etapas: postulación, verificación de requisitos (meritocracia), examen y entrevista (conocimientos), y candidatura. El mayor peso del puntaje se encuentra en el examen y la entrevista, aspecto que en las pasadas elecciones fue muy cuestionado debido a la debilidad de las preguntas y a la trivialidad en las entrevistas.
Esta vez, para librar este obstáculo, se convocó al Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), quien es el encargado de dar rigurosidad académica a tan importante selección.
Para llevar adelante la tarea encomendada, el CEUB eligió a notables profesionales abogados de cada una de las universidades pertenecientes a esa organización.
Aquí el papel de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz (UMSA) fue muy importante, pues hizo notar que entre algunos postulantes había indicios suficientemente claros para vincularlos con el partido gobernante. Frente a esta situación, el Honorable Consejo Universitario de la UMSA instruyó a su Rector que retire a esta casa superior de estudios de este proceso.
Ya sin la UMSA, el CEUB tuvo uno de sus mayores desaciertos al avalar académicamente las preguntas del examen a los postulantes a cargos en el Órgano Judicial, las mismas que al conocerse causaron diferentes opiniones en la población, todas menos la de idoneidad para evaluar conocimientos jurídicos.
A pesar que es una verdad de perogrullo, el partido gobernante tiene dos tercios de los votos en la Asamblea Legislativa Plurinacional y es ella finalmente la que elige a los candidatos. Por tanto, el votante el 3 de diciembre próximo, nuevamente deberá elegir entre candidatos seleccionados por la mayoría legislativa, lo que para la población no supone ningún cambio en relación con las elecciones de 2011.
Como tampoco ha significado nada, que el CEUB sea una especie de garante en el proceso de calificación de méritos y en la evaluación de conocimientos y, menos aún, en las entrevistas cuya tarea se limita a observar.
Debo añadir que la justicia en Bolivia requiere de un profundo cambio estructural y no del relevo de sus máximas autoridades, el pueblo boliviano ve con estupor cómo todos los días operadores y administradores de justicia son sorprendidos en actos de corrupción. Las elecciones judiciales son percibidas por amplios sectores de la sociedad como un burdo intento de “taparle un ojo al macho” y nada más ni nada menos.
Con estos antecedentes, es posible que otra vez los abogados “nulo”, “abstención” y “blanco” sean los grandes ganadores de la próxima –e inevitable- justa electoral.
Tratar o enmendar los errores es tan humano como cometerlos, sin embargo, en cualquier gestión de gobierno las equivocaciones generan consecuencias y éstas responsabilidades y responsables, que serán conocidas y resueltas cuando esta administración gubernamental esté en condiciones de una apropiada rendición de cuentas. Pero ese es otro cuento.
El autor es ex Presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz y docente titular de la UMSA.
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