Un problema social siempre presente es ¡la falta de trabajo!, el desempleo, que genera otros contratiempos, cuyos platos rotos los paga la ciudadanía debido a que las soluciones tardan en llegar o no llegan. A raíz de esa difícil situación, recurrir al comercio informal fue una válvula de escape. Dicen que es subempleo, trabajo subterráneo, o informal, pero mucha gente se aferra al mismo, pues no les queda otra que ocupar las calles para incluso vender cualquier chuchería y así poder llevar el pan de cada día al hogar.
Una publicación de la Universidad del Rosario, de Bogotá, Colombia, ya en noviembre de 2015, bajo el título “los desafíos del subempleo y del trabajo informal en América Latina”, daba cuenta que a pesar del crecimiento económico registrado entre los años 2003 a 2014, debido a la elevación de las exportaciones, merced al alza de los precios internacionales de las materias primas, en nuestra región latinoamericana casi 50 por ciento de la fuerza laboral sobrevive sumida en la economía informal o subterránea, o marginal, según datos del Banco Mundial”.
En el caso de Bolivia, hacía énfasis en que “los niveles de informalidad pueden llegar al 70 por ciento”, algo corroborado hace algunos días por distintos sectores representativos, por lo cual el gobierno anunció el “Plan Nacional de Empleo Urgente”, con una inversión de 146,4 millones de dólares, para reducir el desempleo del 4,5% al 2,7%.
Asimismo se dice que la informalidad tiende a perpetuar las condiciones de pobreza y carencia de oportunidades. Lo anotado es suficiente para tener un aproximado criterio sobre dicha problemática. Pero mientras el remedio no llega, la colectividad paga por hechos y acciones que causan tremendos perjuicios. Eso pasa cuando cierran, bloquean y toman las vías públicas como si fuesen propietarios de las mismas, impidiendo el libre tráfico vehicular y peatonal. De ahí que se puede calificar como “dueños” de las mismas a quienes incurren en esas acciones, blandiendo una serie de apoyos, rechazos, peticiones, condenas -justas o injustas- o lo que fuere, como las que protagonizó la “familia gremial” en estos días de manera abusiva.
También opinan que el “Ejecutivo” pareciera ser “dueño” de la plaza Murillo, hasta una cuadra a la redonda de cada calle que desemboca en el lugar, las cuales, por razones de seguridad -explican- deben ser cerradas, como aconteció alguna vez hasta por varios días, con la consiguiente restricción incluso del tráfico peatonal.
Ni qué decir cuando los “maestros del volante” deciden aparcar sus herramientas de trabajo (minibuses y buses) en las esquinas impidiendo la libre circulación de otros motorizados, constituyéndose así en otros “dueños” de las calles y avenidas paceñas. Claro que también los vendedores son “dueños” de las aceras, no quedando nada más qué decir sobre el tema, puesto que tales hechos ¡ya han sido virtualmente “aceptados” desde hace algún tiempo por autoridades de todo rango, y la misma ciudadanía! Es una realidad triste de nuestras carencias y limitaciones. ¿Habrá que echar la culpa al desempleo y a quiénes o a qué cosas más?
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