El abogado constitucionalista Williams Bascopé Laruta explicó que en caso de que se objete la norma, se debe presentar una “acción de inconstitucionalidad de carácter abstracto” ante el Tribunal Constitucional. Este proceso tiene que presentarlo un legislador ante la instancia mencionada, la cual recibirá el caso y analizará su admisibilidad.
“Una vez admitida se pone a disposición de la persona o entidad que ha emitido esa ley y corre un lapso de 15 días para que responda. En este caso, es el Parlamento que tiene que responder en la voz del vicepresidente (Álvaro García), quien tiene que presentar su informe. Cuando se cumpla ese plazo –con o sin informe– se procede al sorteo para emitir la sentencia correspondiente dentro de los 45 días siguientes. La sentencia puede declarar la constitucionalidad de la norma o su inconstitucionalidad. Total o parcial”, explicó Bascopé Laruta.
Otras demandas en contra de una norma son la acción de amparo constitucional y la acción popular, consignadas en la normativa boliviana.
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