Combinación de revocatoria contra el Alcalde

En los últimos años se contempla una disputa entre el Gobierno Central y el Gobierno Municipal, especialmente, marcando una rivalidad política evidente con miras a más o menos próximas contiendas electorales. La ofensiva contra el alcalde de La Paz, Luis Revilla, tiene visos de realidad desde los bloqueos en días pasados por algunos vecinos bajo el liderato del señor Jesús Vera, contra la ley municipal de regularización de edificaciones. Dicho ciudadano de la noche a la mañana se adjudica la presidencia de una Junta de Vecinos, pero sin figura alguna de elección. Sobre este dirigente emergente hay concretas referencias de su militancia en el MAS. Parte de su estrategia fue la toma de la sede de las juntas vecinales, largamente retenida por la impostura de otro dirigente.

Vera ha lanzado una campaña para revocar al alcalde Luis Revilla y se encuentra recolectando firmas con miras a canalizar el acto ante el Tribunal Supremo Electoral. Es más, ha concertado alianzas con grupos gremiales movilizados bajo el mando de Gladys Flores, con la misma finalidad revocatoria, aprovechando la resistencia a la carnetización de puestos de venta callejeros dispuesta por la alcaldía municipal. Opuestos a la matriculación respectiva, los gremiales de las calles Manco Kapac, Isaac Tamayo, Eloy Salmón, Buenos Aires, Garita de Lima; Murillo, Illampu, entre otras, las mantienen bloqueadas por más de 10 días, sin perjuicio de llegar al centro mismo en ruidosas marchas y al mismo tiempo cercar la sede edil paceña, molestando nuevamente a la ciudadanía en sus quehaceres cotidianos. La improvisada dirigencia vecinal y estos grupos de vendedores vienen proclamando que no se detendrán hasta rematar en la defenestración del alcalde paceño.

Como se hace obvio, tras ellos repta la mano política gubernamental. Llama la atención que comerciantes que dicen ganar para el día, mantengan los bloqueos sin tiempo ni medida. Alguien los financia, como ocurre con los “movimientos sociales” en sus constantes desfiles políticos. El cerco a la municipalidad no omite violencia explícita ante la mirada contemplativa de un grupo policial apostado en puertas del edificio. Impiden tanto el ingreso como la salida del personal; algunos funcionarios fueran físicamente golpeados. Sin duda existe comisión delictual comprobada.

La alcaldía sostiene, con documentos en mano, que hay comercio ilícito de puestos de venta por dirigentes inescrupulosos, quienes lucran por décadas mediante la falsificación y clonación de patentes que les sirve para “lotear” las calles con operaciones por crecidas sumas. Los descendientes de los detentadores callejeros heredan estos negocios y los disponen como más les convenga. De ese modo, obtienen cuantos puestos pueden y no es raro que sobrepasen la decena en muchos casos.

Estamos ante flagrancia delictiva. Las vías públicas son de propiedad eminente -según su definición jurídica- de los gobiernos locales, en cuya virtud no pueden ser objetos de operaciones ni transacciones económicas. No solo son responsables de delito los que a título de vendedores negocian al respecto, sino los abogados que redactan y firman los documentos exhibidos por la autoridad, por consiguiente son coautores y cómplices de dichos ilícitos y como tales deben ser procesados penalmente junto a los que se arrogan la calidad de propietarios de las vías públicas.