El injusto trato del Estado a la Iglesia

El maltrato de las autoridades a la congregación de las Siervas de María, que determinó su reciente alejamiento del hospital Santa Bárbara de esa ciudad, tiende a ser hoy más común que excepcional y constituye un ejercicio de injusticia a una comunidad mayoritaria en el país, la católica, parecida a la persecución.

Las Siervas de María, que atendieron la salud de los chuquisaqueños desde 1910, además de verse obligadas en los hechos a dejar el hospital, enfrentan un proceso por el pago de 170.000 dólares de impuestos por la importación de donaciones. Por ello, el Gobierno ha embargado dos de sus casas.

Esas donaciones consistieron fundamentalmente en equipamiento que va desde camas hasta aparatología e insumos médicos que las religiosas instalaron y utilizaron en el hospital para el cuidado de los enfermos que acuden a él.

Pero no sólo que el Gobierno no ha querido eximirlas del pago sino que parte de la donación ha beneficiado a la Gobernación de Chuquisaca, al hacerse cargo del nosocomio, mientras que la deuda sigue recayendo sobre espaldas de las monjas.

Aunque las Siervas de María no han querido confrontar con la Gobernación y dejaron hace un mes el hospital con el argumento de que ya no tenían vocaciones, la verdad del caso, y de otros, parece evidenciarse en una nota de la acreditada publicación digital Rimay Pampa, del periodista Andrés Gómez, en la que se reflejan conversaciones interferidas a asambleístas departamentales de Chuquisaca.

Según la publicación, las charlas fueron “pinchadas” posiblemente desde la Gobernación y corresponden a los asambleístas departamentales chuquisaqueños, Pablo Pérez (MAS) y Eusebio Cordero (Chuquisaca Somos Todos).

“Me parece una reverenda hipocresía, hermano, que los hijos de… del Sedes (Servicio Departamental de Salud) de la Gobernación les quieran hacer un reconocimiento a las hermanas del hospital; si estos hijos de… son los causantes para que las hermanas se vayan”, dice Pérez a Cordero.

“Hermano (…) estos hijos de… (masistas de la Gobernación) les están haciendo escapar (a las monjas)… y eso no es todo, los siguientes que van a salir, si sigue la joda y el acoso son los hermanos de San Juan de Dios”, continúa Pérez.

Se refiere así al hermano Edgar Bondoni, quien en marzo murió de un ataque cardiaco después de haber sido amenazado por la Gobernación de hacerlo encarcelar, por ser supuestamente responsable de adquirir detergente con fecha de vencimiento expirada.

El mecanismo de acoso pasaría por enviar autoridades, a lo que tiene derecho el Estado según la nueva Constitución, que no respetan a los religiosos; someterlos a órdenes, inspecciones y otras presiones antojadizas para que finalmente los eclesiásticos se retiren del lugar.

Así, los políticos terminan apropiándose del fruto de la abnegación de años de los religiosos para repartir sueldos, dádivas y cuanto haya para aprovechar. Menos, claro está, el carisma del servicio. Al punto tal que, a un mes de que las Siervas dejaran Santa Bárbara, surgen voces de descontento por parte de pobladores que consideran que la atención ya no es la misma.

Y lo cierto es que, aunque en menor grado, algo parecido está ocurriendo en otras gobernaciones y municipios que no dependen del MAS.

Obras sociales de la Iglesia también tropiezan con medidas inconsultas tomadas por la Alcaldía de La Paz en el Centro de Rehabilitación y Salud Mental San Juan de Dios, de Irpavi. Lo mismos que en el Asilo San Ramón, también de La Paz, por parte de la Gobernación departamental.

Así las cosas, convendría que Iglesia y Estado busquen un diálogo sincero para dejar de lado las arbitrariedades. Si el Estado quiere entrometerse en todas esas labores que se haga cargo del todo de ellas, pero que también asuma la responsabilidad ante la población por lo que probablemente resultará en una caída en la calidad de la atención a los pacientes, como hoy ocurre en Sucre.