Personas con discapacidad visual temen ser excluidas de ley

La Federación Nacional de Ciegos de Bolivia se encuentra en estado de emergencia porque consideran que el proyecto de Ley 072 de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para las Personas con Discapacidad excluye a las personas con discapacidad visual, según informó a EL DIARIO el secretario ejecutivo de la institución, Guillermo Gómez.

“Hace tiempo salió el proyecto de ley de trabajo del mes de febrero, sin embargo, nos excluyeron del artículo 3 inciso 8, no estamos tomados en cuenta (…) por eso estamos en estado de emergencia. Además, la Caja Nacional de Salud (CNA) hace dos años que ya no nos atiende”, dijo Gómez.

El 13 de febrero, el presidente Evo Morales presentó un proyecto de ley a favor de las personas con discapacidad, quienes se beneficiarán con un bono de Bs 250 y fuentes laborales dependiendo del grado de discapacidad.

BONO MENSUAL

Para ser beneficiario del bono mensual, las personas con discapacidad deberán estar registrados en el sistema informático del programa de registro único nacional del Ministerio de Salud y contar con carnet de discapacidad vigente.

El Gobierno presentó el proyecto de ley a la Asamblea Legislativa después que en primer trimestre de 2016 las personas con discapacidad exigieran al presidente Morales un bono mensual de Bs 500. En esa oportunidad, los discapacitados emprendieron una marcha de varias semanas desde Cochabamba hasta La Paz, cuando llegaron a La Paz se les negó el ingreso a plaza Murillo y la policía los reprendió gasificándolos.

En febrero de 2017, el Gobierno, finalmente, determinó presentar un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa en donde se crea un bono mensual de Bs 250 para las personas con discapacidad grave y muy grave, además garantiza espacios laborales en instituciones públicas y privadas.

En esa línea, la Federación Nacional de Ciegos de Bolivia señaló que ellos no estarían siendo considerados para beneficiarse de una fuente laboral en instituciones públicas y privadas.

AUDIENCIAS

De acuerdo con los representantes del sector, solicitaron audiencias con la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño y de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, para exigir explicaciones respecto al tema; sin embargo hasta la fecha no tuvieron respuesta alguna.

“Nosotros representamos todo un conglomerado de las organizaciones de las personas con discapacidad visual (…). Queremos que nos inserten en el proyecto de ley, esa es nuestra preocupación y lamentablemente no hemos sido escuchados”, dijo el representante del Consejo Nacional de la Ceguera, Edwin Díaz.

Según una carta enviada el 15 de agosto al presidente de la Cámara de Senadores, la Federación Nacional de Ciegos de Bolivia solicita la enmienda al proyecto de ley de inserción laboral y de ayuda económica para las personas con discapacidad.

“El artículo 3 referente a la inserción laboral parágrafo VIII sólo hace mención al Siprunpcd y no menciona al instituto boliviano de la Ceguera, situación que llama poderosamente la atención, ya que si el texto se aprueba tal como está, las personas no videntes quedarían excluidas y sin derecho al trabajo, en contravención del artículo 70, numeral 4 de la Constitución Política del Estado y la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad”, señala la nota.

Añade que “la Federación Nacional de Ciegos de Bolivia, preocupados por lo señalado (…) expone el siguiente argumento y antecedente: 1) el artículo 4 (…) del presente proyecto de Ley de Inserción Laboral y Ayuda Económica para las Personas con Discapacidad” señala que “quedan excluidos (…) las personas con discapacidad visual registradas en el Instituto Boliviano de la Ceguera”.

MARCHA

En ese sentido, los representantes de la Federación Nacional de Ciegos de Bolivia anunciaron movilizaciones a nivel nacional para el 23 de agosto exigiendo ser tomados en cuenta en el proyecto de Ley 072.

“Estamos viendo en la necesidad de poder hacer las movilizaciones para el 23 de agosto, nosotros no nos quedaremos así”, anunció Díaz.

Según la convocatoria de la Federación, las movilizaciones se realizarán en las principales plazas de las ciudades capitales del país a horas 10.00.

EMPRESAS DEBERÁN INCLUIR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El viceministro de Presupuesto, Jaime Durán, informó que el proyecto de Ley 072 de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para las Personas con Discapacidad establece que las entidades públicas deben incluir al 4% de las personas con discapacidad y las privadas al 2%.

“Se está ratificando que un 4% de la planilla del sector público corresponda a las personas con discapacidad y el 2% del sector privado”, declaró consultado por los medios.

De acuerdo con Durán, el centro del proyecto es básicamente la generación de empleo, “el Gobierno ha hecho conocer las personas con discapacidad, el tema central para ellos es el empleo”.

Anteriormente, el ministro de Trabajo, Héctor Hinojosa, informó que la Ley 072 permitirá la creación de al menos 45 mil empleos para el sector de las personas con discapacidad.

Se debe recordar que la propuesta establece que las entidades públicas deban incluir el 4% de su personal al sector discapacitado, mientras que el sector privado el 2%.

El diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Javier Zabaleta, informó también que se prevé que hasta finales de agosto el proyecto de Ley 072 sea promulgado por el Gobierno.

DATOS

Hasta 2015 en el país existían 61.447 personas con discapacidad, 41.590 de las cuales están consideradas como graves y muy graves, según el Sistema de Información del Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad (Siprunpcd).

Las alcaldías del país tienen 4.827 millones de bolivianos en cajas y bancos sin ejecutar y el bono que deben financiar demandará un máximo de 24 millones al año, según datos del Ministerio de Economía.

El 13 de febrero de 2017, el presidente Evo Morales remitió a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) un proyecto de ley que crea un bono mensual de 250 bolivianos para las personas con discapacidad grave y muy grave y garantiza espacios laborales en instituciones públicas y privadas.