La agitación de la población de Achacachi ha originado un estado de crisis política en el país, cuyas proyecciones pareciera que son mucho más delicadas de lo que se puede suponer. Es más, considerando la gravedad del conflicto, el gobierno se vio obligado a replegar de allí sus fuerzas policiales, poner a salvo a sus funcionarios y material de escritorio, previendo la repetición de una conmoción popular que destruya dependencias oficiales, amén de violencia sobre policías, viviendas y negocios particulares.
En general, pareciera que la subversión achacacheña se debería a la actitud del alcalde, quien, con empecinamiento deliberado, no quiere renunciar a sus funciones, pese a las denuncias de probables actos de corrupción que resultan insoportables para la población de esa localidad de notable prestigio y protagonista de episodios históricos de carácter definitivo para el acontecer nacional. Sin embargo, ese proceso de inquietud, que crece como bola de nieve, tendría otras causales (¿el imperio?) que han sido expresadas en la movilización de sus pobladores.
En ese proceso de protesta, hubo en meses recientes hechos que han superado los límites provinciales y alcanzado nivel nacional. Entre otros, la rebelión pública que atacó y destruyó dependencias estatales, el saqueo de tiendas y viviendas particulares y la fuga del alcalde acusado de corrupción y que asegura que no renunciará y seguirá gobernando, contra viento y marea, desde La Paz, porque así le pide el cuerpo. Así mismo, cabe recordar la resistencia general de ese distrito para que allí se realice una parada militar, la misma que fue suspendida inicialmente para evitar actos de violencia o la repudiada presencia de los “ponchos rojos”, fuerza del choque del bonapartismo criollo.
El empecinamiento oficialista para no perder una de las plazas más importantes de la política nacional, como es Achacachi, ha causado, naturalmente, el enfurecimiento de las masas urbanas y rurales que, en actitud política, protagonizaron en días recientes un estado de cosas que alcanzó proporciones de nivel nacional y hasta planteó puntos de vista y objetivos políticos desconocidos hasta el presente. Es más, la presión social llegó hasta la misma sede del gobierno con objeto de hacerse escuchar y se cumplan sus demandas, donde, por lo demás, recibió el apoyo ciudadano.
Desde tiempos inmemoriales Achacachi es centro político de la civilización aymara. Resistió desde entonces toda forma de opresión, como la invasión incaica, el coloniaje ibérico y el feudalismo republicano. Se convirtió, así, en capital política de la población indígena altiplánica. Es más, los ucases allí dictados son transmitidos a sus dominios andinos y, por ende, los pobladores del altiplano y valles del país los siguen disciplinadamente, como aconteció más de una vez y no en lejano recuerdo.
En todo caso, pareciera que la insurrección de Achacachi no responde a actitudes personales, como la cuestión del alcalde, sino a causas más profundas que se han ido agravando en el último decenio. Así mismo revela la independización de las masas campesinas del paternalismo oficialista y su oposición al bandidaje populista.
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