Nicómedes Sejas T.
Ofrecer desarrollo a cambio de intangibilidad, abrogando la Ley 180, para posibilitar el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades del Tipnis, es la admisión flagrante de que el Estado no asume su obligación de proveer salud, educación y otros servicios para los pobladores de la zona, no obstante haberlas constitucionalizado en el catálogo de derechos.
La relación Estado (a través del gobierno de turno) y Comunidades indígenas (coyunturalmente, las Comunidades del Tipnis) tiene la misma historia de una vieja confrontación de dos visiones de desarrollo, la del desarrollismo modernista (esta vez con los intereses cocaleros por detrás) frente a la del indígena holista de desarrollo, asociado, en alguna medida, con el movimiento anticolonial de larga data.
El Tipnis es actualmente el escenario donde se puede verificar la pugna de los modelos citados: la presión modernista está asentada en el polígono siete mediante el sistema de colonización y su economía articulada al mercado, principalmente a través de la producción de la coca, intensificando el uso del suelo con insumos agroquímicos, lo cual requiere la deforestación de nuevos territorios; la economía comunitaria tradicional es respetuosa del medio ambiente, como la agricultura en pequeña escala, la caza y la pesca, sin alteraciones negativas del medio ambiente; la mayor desventaja para su desarrollo es la poca atención que reciben de parte del Estado y de los niveles subnacionales.
Esta falta de atención parece favorecer la previsión de la evaluación del Sernap (2011) que: “La presión para la ampliación de la zona de colonización será permanente lo que supondrá conflictos permanentes entre colonos e indígenas. Paradójicamente, la ampliación será efectiva a partir de la absorción de comunidades indígenas asentadas en “la zona de frontera” por los sindicatos agrarios”.
La carretera cruzando el Tipnis ya es un tema inevitable de debate, también sabemos que detrás de la carretera viene la industria extractiva, cuyo entramado de sacrificios y beneficios no es perceptible a simple vista, tampoco la distribución de los sacrificios y los beneficios. Conocedores del lugar afirman que una carretera de las características descritas no tendrá un impacto positivo para las comunidades indígenas porque ella pasa lejos de sus asentamientos; pero será de gran utilidad para la integración regional e interdepartamental y, sobre todo, abrirá las puertas del Tipnis al avasallamiento cultural de las comunidades indígenas y a los depredadores de los recursos forestales.
Por el momento, el etnocidio ha comenzado con la división de las Comunidades y de su sistema de representación, con la cooptación por delante. El gobierno tiene una estrategia clientelar para seducir a los representantes legítimos con sólo promesas, y como la vulnerabilidad de las carencias es tan crítica es posible tomar por realidades anticipadas aquello que no pasa de ser sólo promesas. La presión externa de los modernistas ha creado un ambiente de credulidad al tipificar a los comunarios del Tipnis como pobres sin oportunidad para su redención, si no es a condición de aceptar sus promesas.
El Estado tiene la obligación de proveer servicios de salud y educación con o sin intangibilidad, de promover desarrollo respetando la visión de los pueblos indígenas, respetuosos de la naturaleza y de los derechos de futuras generaciones.
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