Ejecutivo concederá subvención extraordinaria de Bs 70 millones

El Ministerio de Economía, ejecutivos del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) y siete rectores de universidades públicas del país firmaron ayer un preacuerdo sobre una subvención extraordinaria del Gobierno de, al menos, Bs 70 millones, para que las casas superiores de estudio del sistema concluyan las labores académicas de este año.

Este monto será consignado en el presupuesto fiscal reformulado de la presente gestión.

Después de la reunión que sostuvieron representantes de las universidades y el ministro de Economía, Mario Guillén, la autoridad de Estado informó sobre el preacuerdo, que establece que los recursos serán erogados por el Tesoro General del Estado (TGE).

PRE-ACUERDO

“Hemos firmado el preacuerdo de una subvención extraordinaria que estaría dando el TGN a las universidades, para que les permita seguir funcionando y llegar a fin de año sin problemas”, dijo el ministro Guillén, tras el encuentro concertado con los representantes de las universidades del sistema público.

ASIGNACIÓN

Guillén indicó que los recursos serán distribuidos entre las universidades de acuerdo con su particularidad, tomando en cuenta que el Viceministerio de Presupuesto se reunió con cada institución hace semanas.

No obstante, dijo que todavía falta negociar montos con la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, Universidad Pública de El Alto, Universidad San Simón de Cochabamba y la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca.

HUBO ANUNCIO DE PARO

Las universidades, con anterioridad al preacuerdo, anunciaron un paro con movilizaciones ante su falta de recursos. Por ello, solicitaron una reunión con las autoridades del Ministerio de Economía para tratar el tema.

En una primera instancia se llegó a un preacuerdo con siete casas de estudio, pero faltan otras, que demandan mayores recursos, debido a la cantidad de estudiantes que poseen.

TRANSFERENCIAS

Los precios del petróleo en el mercado internacional provocaron que los ingresos por la venta de gas disminuyan la renta petrolera que percibía el país y –por consiguiente– se recaudó menores recursos de lo esperado. Esta situación afectó a los presupuestos del sistema universitario, municipios, gobiernos departamentales y también al Gobierno central, porque quedó sin efecto el IDH (Impuesto Directo a Hidrocarburos). Se calcula que el país dejó de percibir al año $us 5.000 millones.

Sin embargo, algunos economistas criticaron la actitud del Gobierno, al indicar que mientras el Estado exigía austeridad y recorte de presupuestos a universidades, municipios y gobiernos centrales, las autoridades nacionales mantienen el gasto público sin priorizar los gastos.