Guerra de la coca

Una nueva guerra de la coca se ha venido a infiltrar en un conflicto que el Gobierno no puede resolver: el que plantean los pobladores de Achacachi, liderados por Felipe Quispe, el Mallku.

PETRÓLEO ORO ZINC La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) no logró reducir su producción y cerró la semana pasada con la mayor producción del año. Las cifras entregadas por una agencia del Gobierno de Estados Unidos volvieron a reducir el precio del petróleo. Mientras tanto, Algunos analistas sugieren que la OPEP está esperando que la crisis en Venezuela resulte en interrupciones de su producción que ya está en su nivel más bajo desde 1990. El misil que Corea del Norte disparó sobre el espacio aéreo de Japón generó pánico en los pobladores de ese país y puso en alerta a los mercados de oro de la región y el mundo. Esta semana el precio alcanzó su nivel más alto en 10 meses. La posibilidad de mayor incertidumbre geopolítica en el Asia fue contrarrestada con nuevas cifras optimistas sobre la economía y el empleo de Estados Unidos lo que reduce la demanda de oro como refugio. Las opciones de compra en tres meses en el mercado de Londres siguen subiendo y aumentaron en 25% desde principios de año. Algunas de las compras de zinc tienen precios estimados por encima de los 2 dólares la libra. El mercado sigue bajo la influencia de la escasez en los almacenes de Londres y el aumento en la demanda de China. Sin embargo, los que creen que el precio podría bajar atribuyen parte del alza a la especulación en el mercado de Shanghái.

Los cocaleros de Yungas se han aliado al Mallku, porque insisten en buscar la abrogación, o la reforma, de la ley de la coca, con la cual el presidente Evo Morales legalizó por lo menos 9.000 hectáreas de cocales ilegales del Chapare.

El caudillo aimara que condujo las protestas de principios de este siglo ha conseguido dos alianzas políticas que ni siquiera Julián Apaza, es decir Túpaj Katari, su ídolo, había logrado: aliarse con los cocaleros de Yungas y con los pueblos de las tierras bajas, del Tipnis.

La nueva ley de la coca ha provocado la molestia no solamente de los cocaleros de Yungas, sino también de la Unión Europea, por lo menos según lo dijeron los parlamentarios que llegaron de Bruselas.

El estudio elaborado con financiamiento de la UE estableció que para atender la demanda tradicional de hojas de coca se necesitaría 14.700 hectáreas, aunque el experto Franklin Alcaraz dice que sólo harían falta 6.000 hectáreas.

A pesar de eso, la nueva ley de la coca autoriza 22.000 hectáreas, superficie en que incluye las 14.000 de Yungas y 8.000 del Chapare.

Esta nueva guerra de la coca se da cuando el periodismo denuncia que con la decisión del Gobierno de atravesar el corazón del parque Tipnis con una carretera está dando lugar a la invasión de cocaleros del Chapare, o de sus hijos, a esas tierras tan sensibles para el equilibrio de una amplia zona. Se dice que el primer impacto de los daños al corazón del parque será contra los ríos que alimentan la tan famosa y esperada represa de Misicuni, en Cochabamba.

La principal beneficiada con los nuevos cultivos de coca, que resultarían de la destrucción del Tipnis, sería la multinacional del narcotráfico que según estimaciones de Global Research maneja anualmente 88.000 millones de dólares sólo con la cocaína. Esta multinacional es muy diversificada y trae como actividades alternativas tráfico de armas, mujeres, niños y órganos.

El columnista Carlos Toranzo acaba de decir que la coca ha conseguido en los últimos años, que el Chapare se convierta en el nuevo núcleo político del país, ya no La Paz, porque la economía nacional está dependiendo cada vez más de la hoja “sagrada”.

El problema es que mientras en Bolivia siguen las guerras de la coca, que terminan siempre con un incremento de los cultivos, el anuncio de una mayor oferta de la materia prima para la droga, coincide con los avances de los países vecinos en levantar barreras para frenar ese comercio ilegal.

El Gobierno nacional no ha creado ningún impuesto desde 2006 pero a cambio ha instruido al SIN a cobrar multas y penalidades que le permiten aumentar todos los años los ingresos tributarios.	Los municipios de todo el país, que reciben cada vez menos dinero del IHD, han sido autorizados a crear impuestos a su antojo, con el compromiso del Gobierno central de que les dejará hacer libremente.