El ciudadano víctima

Los que vivimos en la ciudad sede de gobierno y seguramente sucede en todo el país, somos víctimas de una serie de agresiones a nuestros derechos elementales, que repercuten en la calidad de vida, que hoy es uno de los objetivos de una sociedad del Siglo XXI.

Para comenzar, las agresiones parten de quienes deberían velar por nuestros derechos humanos y ciudadanos, y por el contrario afectan nuestro “buen vivir” en un medio donde los derechos son simples declaraciones impresas en la Constitución y las leyes.

La Constitución Política del Estado nos garantiza una serie de derechos caracterizados por “inviolables… y el Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos” (Art. 13), entre éstos a la seguridad alimentaria (Art. 16 II), pero hay gente que muere de hambre (una niña en El Alto) y en las calles indígenas que piden limosna para poder alimentarse. A recibir una educación gratuita en todos los niveles. A la salud que debería ser gratuita, universal, etc., sin embargo la realidad es distinta, pues el acceso a la salud es una quimera, a no ser que se cuente con suficientes recursos económicos para pagar. A un hábitat y vivienda, así como a los servicios básicos, etc.

A una serie de derechos civiles y políticos, a un medio ambiente saludable (vivimos en un medio contaminado), y en el Art. 46 I, tenemos derecho a un trabajo digno (los niveles de desempleo son elevados) y otra variedad de derechos, pero la realidad de nuestra vida ciudadana está llena de afectaciones a nuestros derechos. La permanente convulsión en las calles de nuestras ciudades -en especial de La Paz- restringe nuestro derecho elemental al libre desplazamiento, pues las calles están siempre llenas de bloqueadores, marchistas y gente que protesta por algo, como la que hace tres semanas realizan los llamados gremiales que extrañamente han abandonado sus puestos callejeros de venta para movilizarse, lo que nos lleva a preguntarnos: ¿quién les paga?, pues si no venden, ¿de qué viven?

Los ciudadanos sufrimos la agresión de las autoridades o de instancias de gobierno central, departamental o municipal, que nos presionan con el pago de elevados impuestos, pero sólo a una reducida parte de la población económicamente activa, pues la mayoría de la población (70%) está en la llamada actividad informal y no tributa directamente. Se calcula que de más de 6 millones de habitantes en edad de tributar, sólo tributa directamente 1 millón, pero ese millón está sujeto a permanentes fiscalizaciones, multas, intereses, sanciones, todo en UFVs, que tienen un valor mayor al doble del valor monetario del boliviano. Las más de las veces el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) comete excesos contra el contribuyente que debe defenderse pagando elevados honorarios a los profesionales de la materia o verse sujeto a una serie de medidas restrictivas de su propiedad, libertad, etc. Las multas, intereses y demás accesorios suelen quintuplicar lo adeudado legalmente, de tal manera que se hace impagable o condena al ciudadano a la pobreza.

Los gobiernos municipales con frecuencia suelen afectar derechos ciudadanos, afectando a su propiedad de diversas formas, la más común afectando parte de la propiedad por supuestos nuevos trazos de vías, o porque a algún empleado se le ocurrió, pero para restablecer el derecho afectado, se debe hacer larguísimos trámites que nunca suelen acabar. Se ha elevado los impuestos a los bienes inmuebles, vehículos y servicios, determinando en muchos casos la imposibilidad de pagarlos. Sin embargo debemos destacar los esfuerzos del gobierno municipal de la sede de gobierno por dotarnos de un mejor transporte público, aunque todavía escaso, así como las prestaciones de salud en los centros municipales, de costo accesible.

La actividad privada económica está permanentemente fiscalizada por el gobierno municipal, la policía, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, etc., de tal manera que hacer un emprendimiento resulta un suicidio personal y familiar, cuando debería alentarse y promoverse la actividad económica privada, que genera empleo y desarrollo, paga impuestos y otras prestaciones a sus empleados.

Los ciudadanos que somos el Estado, los objetos finales de los fines del Estado, los que le damos vida a éste, somos víctimas del poder de los administradores del Estado en todos sus niveles, y suelen ser más las agresiones a nuestros derechos que las prestaciones que recibimos.

Es hora de reinstitucionalizar los mecanismos de defensa de nuestros derechos frente al poder, como la justicia, el defensor del pueblo y otras instancias.

El autor es abogado y politólogo.