Analizan acción de inconstitucionalidad contra Ley que crea Comisión de la Verdad

La organización denominada Mujeres Libertad no descarta interponer una acción abstracta de inconstitucional en contra de la Ley que crea la Comisión de la Verdad, conformada por cinco personas designadas por el Gobierno.

La presidenta de la organización Mujeres Libertad, Lourdes Coya, manifestó que no están de acuerdo primero, con la Ley promulgada por el presidente Evo Morales, porque no incorpora la “reparación integral” a las víctimas de los periodos dictatoriales.

Segundo, porque los “comisionados” no debían ser nombrados por el Gobierno sino por las organizaciones de víctimas y sobrevivientes y por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, para evitar una politización del tema.

La exministra de Salud Nila Heredia, el exdirigente sindical Édgar Ramírez, el abogado Eusebio Gironda, la activista por los derechos humanos Isabel Viscarra y el exdirigente campesino Teodoro Barrientos conforman esta Comisión de la Verdad.

“Esta Ley ha sido modificada a gusto y placer del Gobierno, el MAS se ha apoderado de nuestra ley. Haciendo creer a la población que ellos redactaron”, sostuvo Coya, al protestar que la norma no recoge todo el trabajo que realizaron las organizaciones vinculadas a la temática.

Acotó que la Ley que da paso a la creación de la Comisión de la Verdad no cumple la Constitución Política del Estado y tampoco los Convenios Internacionales en esta materia, por esa razón interpondrían una acción de inconstitucionalidad.

“Una Comisión formada por gente afines al Gobierno, no es garantía para las víctimas. Entonces nos hemos planteado desde una acción de inconstitucionalidad de la ley, porque al no plantear la reparación no está acorde a la Constitución ni a los acuerdos internacionales suscritos”, sostuvo Carmen Murillo, miembro de la organización.

Lamentó que las Fuerzas Armadas no tenga la coerción del Gobierno para develar los archivos que permitan conocer la verdad de los hechos durante los golpes de Estado militares.

“Las Fuerzas Armadas han reprimido a los luchadores sociales, pero como no existe una predisposición y una decisión franca ni una palabra oficial del Gobierno para enjuiciar a las personas que secuestraron los archivos. No pueden decir simplemente desapareció”, sostuvo.(ANF)