Graves consecuencias por aumento del precio del gas

El país tiene conciencia de que al haber rebajado sustancialmente los precios del gas en el mercado internacional, las repercusiones en la economía nacional tenían que ser graves. El gobierno, como una especie de compensación por los menores ingresos, decidió incrementar precios del energético en una proporción de alrededor del 50%, hecho que ha significado preocupación y reacción de los industriales que ven afectada su producción y, mucho más, sus ventas porque la incidencia se verá en los costos.

Elevar el precio del gas destinado a la industria implicará graves consecuencias: debido a que la medida, según los industriales, “es un duro golpe a la productividad y competitividad del país”; “el incremento en un 50% implica un aumento entre 130 y 150 millones de bolivianos en costos adicionales en un sector que es responsable del 16% del Producto Interno Bruto y proporciona empleo estable a más de 112 mil personas”. Anotan los industriales: “la medida, inevitablemente se verá traducida en un impacto sobre los precios de los productos que la industria manufacturera produce”.

Mientras el país requiere producir más, diversificar la economía, crear riqueza y generar empleo, la medida de aumentar precios del gas determinará que crezca el contrabando, suban las importaciones legales, haya mayor desempleo, se contraigan las inversiones, se promueva el cierre de muchas industrias y haya daños colaterales muy difíciles de vencer para el capital privado. El gobierno parece no haberse dado cuenta de que la disposición va en contra de su propia política en sentido de incentivar la producción, promover las inversiones y conseguir el desarrollo. Tampoco ha tomado en cuenta que las posibles inversiones, tanto nacionales como foráneas, se verán frenadas totalmente.

La medida gubernamental que busca mayores ingresos -como medio de compensación no sólo a los menores precios del gas sino a las menores exportaciones-, debería estudiar remedios alternativos mediante el apoyo a la industria, a la actividad agropecuaria, a la producción de alimentos y a que las empresas públicas que han recibido fuertes apoyos económico-financieros, sean manejadas correctamente y resulten medio de producción de riqueza y empleo.

El caso es que muchas industrias -entre ellas las que producen cemento- se verán gravemente constreñidas en su producción y ventas porque, automáticamente, la construcción bajará en todo el país y, como consecuencia lógica, habrá un incremento muy serio en el costo de la vivienda. Es, pues, lamentable que el gobierno no haya tomado en cuenta aspectos fundamentales que conforman la economía y haber dispuesto una medida que va en contra de la nación aunque, según las autoridades, “solucione sus problemas de iliquidez”. El caso acarreará muchos problemas y, a más de los muchos que ya se sufren, las dificultades se agravarán con un panorama en que nadie confíe en lo que pueda decidir el gobierno ante las dificultades que se presenten.