Nueva Ley de Inversiones

Al país le urge estimular la producción para estar en condiciones de exportar más materias primas, aunque el mayor esfuerzo debe dirigirlo a por lo menos semi-industrializarlas, si no es todavía posible completar su industrialización, que es lo más pertinente.

El estímulo a la exportación de hecho constituye mejorar los índices de producción y, en general, de la economía nacional. En los últimos tres años, el país ha tenido resultados adversos en cuanto al Producto Interno Bruto (PIB), que es el medidor de la producción y de las exportaciones.

Este año, Bolivia tendrá el déficit fiscal del 7,8%, equivalente a 2.652 millones de dólares, en el PIB, cuyo monto global tendría que ser de 34.000 millones de dólares.

Al conocerse estos datos, fácil es constatar que la economía nacional está en crisis, desde el momento que tiene déficit de tanta magnitud. Más todavía, este es el tercer año consecutivo que se tendrá tal comportamiento.

En estas condiciones, cuando no hay crecimiento económico, su desenlace es adverso, consiguientemente es el reflejo de lo mal que está la producción y con menos ingresos. A ello se agrega que desestimula los emprendimientos empresariales, lo cual, aparte de afectar al desarrollo del país, se refleja en el desempleo. Jóvenes profesionales que egresan de universidades públicas y privadas no encuentran ocupación, con mayor razón aquellos que no tienen esa cualidad. Es obvio que el desempleo entre los bolivianos se traduce en mayor pobreza.

Con ello se demuestra que el Gobierno nada está haciendo para conjurar esta crisis. Más bien la empeora, haciendo crecer el déficit fiscal, por dar ocupación en el aparato estatal para atraer adictos políticos, sin importarle lo que sucede con el resto de la población.

Aunque recientemente hubo el anuncio gubernamental sobre que aumentaría la inversión pública, si ella se está concretando no es suficiente, peor si no se produce en el rubro productivo, sino simplemente en el aumento del gasto corriente.

Según los datos existentes, tanto en el nivel estatal como en el privado, todas las empresas estatales, que más o menos llegan casi a la treintena, exceptuando YPFB y Comibol, operan a pérdida. Ello puede atribuirse a dos factores, a que su producción no sería la más pertinente para incrementar el ingreso fiscal, más bien sería lo contrario. Solo arrojan pérdidas, ya sea por ineficiencia administrativa o porque las áreas en las que operan no son las más adecuadas para hacer crecer a la economía nacional.

De ser así, no queda otra cosa que atraer mayor inversión extranjera, que por su naturaleza es más selectiva que la pública, para instalar empresas que tengan buenos rendimientos. Entonces, ya es tiempo para que se ponga en vigencia una nueva Ley de Inversiones, la actualmente vigente, que tiene el No. 516, promulgada el 4 de abril de 2014, no aportó para impulsar el crecimiento de la economía.

Un estudio efectuado por expertos del sector privado, estableció que esta ley tiene más características regulatorias que de promoción, ya que ella está orientada hacia el intervencionismo estatal.

Ellos anotaron que básicamente aparece el Estado como único que orienta las inversiones en los sectores estratégicos, al destinar las inversiones observando únicamente las particularidades referidas a priorizar la inversión estatal.

En cuanto a crear incentivos, sus cláusulas son indeterminadas, no definen los criterios de calificación de lo que considera sectores estratégicos, no fija el procedimiento para la suspensión o cancelación de los incentivos. Más inconducente aún, no define los criterios de calificación de lo que se considera sectores estratégicos, a la vez que tiene una ausencia de protección a la inversión privada, al no brindarle la seguridad jurídica, que es indispensable para garantizarla.

El economista Armando Méndez, ex presidente del Banco Central de Bolivia, expuso en un cónclave de economistas que la Ley 516 es más bien una traba para la atracción de la inversión extranjera directa. Específicamente dijo: “El espíritu de esta Ley presupone que los inversionistas extranjeros estarían desesperados por entrar a Bolivia, que no saben en qué campos deberían invertir, pero sí se sabe que será el Estado boliviano. La inversión extranjera, grande y seria, no llegará a Bolivia como consecuencia de esta ley”.

Si se hace conciencia de todo ello, lo natural sería que el Gobierno sea más realista y opte por poner en vigencia una nueva Ley de Inversiones, pero que responda efectivamente al propósito de atraerlas y no, como ocurre ahora, que más las desalienta.