Vandalismo provocado por grupos gremiales

La ciudad de La Paz soporta los momentos más cruciales de los últimos tiempos porque vive en zozobra permanente debido a la acción abusiva y contraria a los derechos del pueblo, bloqueada, con marchas, manifestaciones y protestas de toda laya, con ausencia de policías, que no cumplen con la sociedad. Calles, avenidas y plazas son ocupadas por grupos gremialistas que buscan la satisfacción de sus caprichos y la atención solamente de sus necesidades por parte de las autoridades; no aceptan conciliación alguna mediante el diálogo y, si se avienen a ello, debe ser, según sus dirigentes, en atención y solución solo a sus demandas y bajo sus condiciones, hecho que de ninguna manera puede ser.

Los grupos de gremialistas se han convertido en simples delincuentes porque atentan contra los derechos de una ciudad que merece vivir en paz y desenvolverse solamente bajo los cánones de las leyes; la población no puede supeditarse a la voluntad de grupos sindicales que obedecen a consignas político-partidarias con la finalidad primordial de cambiar autoridades que sean afines al partido de gobierno; no consideran que alcalde y munícipes han sido designados por el voto ciudadano y cuentan con el respaldo de toda la población; no conciben los dirigentes gremiales que el país debe someterse solamente a la Constitución y a las leyes, que toda imposición contraria a la legalidad, provenga de autoridad o de grupos sindicales -como dicen ser los gremiales- no corresponde, puesto que cualquier entidad o persona que esté revestida de autoridad emanada de las leyes tiene que estar sometida a ellas sin reticencia de ninguna clase; y, por su parte, grupos como los gremialistas, choferes del autotransporte o cualquier otro que quiera imponer sus caprichos, no pueden ni deben vulnerar las leyes y están obligados a someterse a ellas. El hecho de que provoquen atentados contra la población, le impidan el libre ejercicio de su tránsito por las ciudades o cualquier sitio del territorio nacional, atentar contra los bienes públicos o privados y obstaculizar el libre tránsito de vehículos implica vulnerar la Constitución y las leyes y sus autores directos y quienes los dirigen deben ser sometidos a las más drásticas sanciones establecidas por ley.

La ciudad de La Paz no debe continuar siendo víctima de los extremismos político-sindicales, cuyos intereses y conveniencias deben ser resueltos en otros niveles y no con el sacrificio de toda la población. Que los grupos calificados como gremialistas tienen reclamos y creen tener ciertos derechos, que los planteen a quienes corresponda y busquen los mejores medios para solucionarlos, pero guardando respeto y consideraciones que merece la población y las propias autoridades que, a su vez, deben actuar con la mesura, la sindéresis y las consideraciones que establecen la moral y las leyes; de otro modo, se crea condiciones propicias para que la anarquía, convertida en caos, reine en la misma población ya cansada por las acciones político-partidistas de sectores que nunca entienden cuál es el papel que deben cumplir.