Y el ganador es…el señor Nulo

Diga lo que diga el Gobierno, y haga lo que haga el Organismo Plurinacional Electoral (OPE), nos dirigimos irremediablemente a un plebiscito, en diciembre, sobre la gestión gubernamental antes que a unas verdaderas elecciones judiciales.

La razón más obvia es que quien impuso la elección popular de los magistrados, quien impuso buena parte de los nombres y quien insiste en el mecanismo, probadamente equivocado, es el gobierno del presidente Evo Morales.

Por tanto, el extendido malestar hacia los jueces elegidos en 2011 y sus gravosas consecuencias en el funcionamiento general del sistema, que han superado ya marcas que parecían insuperables en cuanto a los niveles de injusticia de nuestra justicia, se manifestará votando en contra de los geniales arquitectos del esperpento.

Pero el descontento volverá a emerger como ocurrió en 2011, no sólo sobre este sistema y su insistencia en él, sino que servirá como canal de expresión del descontento que crece contra el Gobierno por una innumerable cantidad de nuevas razones o ahora evidentes.

Entre ellas: la corrupción, el dispendio de recursos públicos, el mal estado de la salud pública, el nombramiento de autoridades poco confiables, el incremento en los cultivos de coca, las concesiones desmedidas a los cooperativistas mineros, el intento de seccionar el Tipnis con una carretera cuya pertinencia aún es desconocida, el ataque permanente a algunas alcaldías, la prepotencia, la soberbia, el apoyo incondicional a la dictadura de Maduro, el nepotismo, la amistocracia, la partidocracia, la banalidad, la frivolidad, el caso Zapata, el uso abusivo de los medios públicos para apoyar la eterna campaña presidencial, el ánimo de reelegirse, el intento de ignorar los resultados del 21F, la persecución a un sector de la prensa, la entrega de contratos millonarios casi siempre a empresas chinas, el encarecimiento del costo de vida (especialmente de los alimentos), la caída de los ingresos del gas, el no descubrimiento de nuevos reservorios de gas, los problemas de agua y su abastecimiento, la persecución a opositores, el encarcelamiento de opositores, la mentira y la amenaza permanentes, la llegada de personal extranjero presumiblemente para tareas de seguridad e inteligencia, la afición desenfrenada por el fútbol, el avión presidencial (que también se usa para ir a ver fútbol), el Dakar, el uso de helicópteros para ver el Dakar, los amarraguatos, los soldados llajua y un mucho más largo etcétera.

Y a todo esto hay que sumarle, precisamente, la falta de independencia del Poder Judicial, que ha hecho de ese sistema un arma de persecución contra los desterrados del poder y un garante de impunidad a favor de los poderosos.

Ya en 2011, cuando muchos de los anteriores factores y problemas no habían emergido aún con claridad, el voto nulo había ganado las elecciones con cerca del 60%. Hoy, hay quienes en el Gobierno temen que ese nivel incluso trepe a un 70 o más por ciento.

¿Qué traducción tendrían unos resultados de esas magnitudes? Dos en lo inmediato. Que el descontento y la insatisfacción hacia el Gobierno crecen al punto de una reprobación contundente en las urnas. Y dos, que ante ello Evo Morales debería archivar, de una vez por todas, su pretensión de lograr la reelección perpetua y en 2020 partir a su chaco, como había prometido.

Es también un hecho que ese cúmulo de reproches terminará por opacar, sino borrar, la presencia en las listas de candidatos de algunos buenos juristas, por lo menos dos o tres, que ingresaron con altos puntajes y tienen currículos a la altura de las circunstancias. Pero no es el caso de la mayoría. De hecho, muchos detentan licenciaturas y hasta doctorados de universidades de méritos ignotos o, por decir lo menos, de cualidades educativas dudosas.

Es cierto que el Gobierno podría presionar al nuevo Tribunal Constitucional, en buena parte deudor de él por lograr esa consagración y poder, para habilitar la reelección. Pero si esto pasara, no será más que la demostración de que quienes votarán nulo lo habrán hecho con razón.