San Salvador.- El canciller de El Salvador, Hugo Martínez, y un grupo de diputados expondrán esta semana a miembros del Congreso y Gobierno de EEUU el aporte a la economía del país estadounidense de unos 220.000 salvadoreños amparados por el TPS y DACA, informó ayer la Cancillería del país centroamericano.
“Nuestro énfasis es demostrar el aporte que brindan estas poblaciones salvadoreñas a la economía de EE.UU., que están integrados en la sociedad norteamericana y que no representan ningún peligro para la estabilidad, sino todo lo contrario”, señaló Martínez en conferencia de prensa.
Explicó que solo el aporte en cotizaciones médicas asciende a unos 500 millones de dólares al año, que más del 90 % de los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) “tienen un empleo” y más del 53 % poseen créditos hipotecarios.
Martínez y un grupo de diputados salvadoreños visitarán EE.UU. entre el miércoles y el sábado de esta semana, donde tendrán una “intensa agenda” para gestionar con el Ejecutivo de Donald Trump la ampliación de 18 meses del TPS, que vence en marzo de 2018, o una “alternativa”.
También pedirán la creación de una legislación migratoria para los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), cerrado recientemente por Trump y que dejó en manos del Congreso el futuro de los llamados “soñadores”.
El jefe de la diplomacia salvadoreña cifró en unos 190.000 los beneficiarios del TPS, otorgado en 2001 por el entonces presidente George W. Bush tras dos terremotos que asolaron El Salvador ese año, y en 30.000 los amparados por DACA.
Sostuvo que las “jornadas de trabajo estarán concentradas los días 13 y 14” de septiembre”, cuando sostendrán reuniones con legisladores estadounidenses de ambos partidos, principalmente con los que impulsaron en 2006 una fallida iniciativa de ley para regularizar el estatus migratorio de los “soñadores”.
El funcionario, que encabezará la visita junto al presidente del Congreso salvadoreño, Guillermo Gallegos, no detalló la agenda para los dos últimos días, ni en qué momento se reunirá con funcionarios del Gobierno de Trump.
“El TPS corresponde a una decisión ejecutiva, es decir que está en manos del gobierno central de la Administración Trump la decisión sobre una prórroga, y la decisión de DACA en manos del Congreso de los Estados Unidos», acotó Martínez.
Los 2,8 millones de salvadoreños que viven en Estados Unidos enviaron a El Salvador en 2016 un total de 4.576 millones de dólares en remesas, la cifra más alta en la historia del país centroamericano y que representa el 17,1 % de su producto interno bruto (PIB).
CASA BLANCA
La Casa Blanca reiteró que los jóvenes indocumentados conocidos como «soñadores», protegidos de la deportación por el programa DACA, no deben preocuparse por su estatus en los próximos seis meses, el plazo dado al Congreso para buscar una alternativa a ese plan migratorio.
«Durante este plazo de seis meses no se está haciendo ningún cambio al programa», afirmó en una rueda de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders.
La portavoz dejó así claro que el presidente de EEUU, Donald Trump, no tomará ninguna medida contra los beneficiarios del DACA en el plazo de seis meses que ha dado al Congreso para buscar una alternativa legislativa a ese programa migratorio, promulgado en 2012 por el entonces presidente, Barack Obama.
JÓVENES
INDOCUMENTADOS
Gracias a DACA, 800.000 jóvenes indocumentados han podido frenar su deportación, obtener un permiso temporal de trabajo y, en algunos estados, una licencia de conducir.
El martes pasado, el Gobierno de Trump anunció el fin del DACA, pero la suspensión del programa no entrará en vigor hasta el 5 de marzo de 2018, periodo en el que el Congreso, el único con poder para cambiar el sistema migratorio en EE.UU., debe encontrar una solución para regularizar la situación de los jóvenes indocumentados.
Los beneficiarios de DACA debían de renovar su inscripción en el programa cada dos años para seguir recibiendo sus beneficios. (EFE)
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