Selección de postulantes para el Poder Judicial

La Asamblea Legislativa, en larga sesión, aprobó a 96 postulantes que integren las fórmulas para componer el Poder Judicial; se trataría de candidatos al Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional. Según las informaciones, hubo observaciones seguramente sobre capacidad y antecedentes de muchos candidatos y varios fueron observados por haber desempeñado cargos en la administración pública.

La persistencia del gobierno para designar, mediante elecciones a efectuarse el 3 de diciembre, a quienes se encargarán de administrar la Justicia en el país, parece que se debe a que hay urgencia para el Presidente y su partido de continuar en el gobierno de la nación mediante una re-re-relección que asegure votación mayoritaria el año 2019; por ello, desde los inicios del proceso de elegir a posibles integrantes del Poder Judicial el régimen masista ha tenido la base de contar con mayoría parlamentaria. Y es esa mayoría la que decidió en todos los pasos dados como la selección, los exámenes y la decisión final que dio como resultado 96 elegidos para que mediante el voto ocupen cargos importantes en el sistema judicial.

Para la oposición y para el mismo pueblo, el procedimiento de elecciones no es lo más conveniente, por no ser idóneo y menos confiable porque todos los elegidos, sin excepción, son por decisión de la mayoría legislativa que está compuesta por militantes del partido de gobierno. En síntesis, todo lo que se hizo hasta ahora fue de acuerdo con intereses del partido de gobierno y los votos y opiniones de la oposición no sirvieron.

De acuerdo con la elección de los candidatos, el gobierno se asegura que las cuatro instancias del Poder Judicial estarán a cargo de militantes del MAS, que, en su momento, se encargarán de administrar la justicia en atención y servicio al gobierno y, lo más grave, serán factor determinante para asegurar la re-re-relección del Presidente de la República, desconociendo los resultados del Referéndum del 21 de febrero de 2016, que niega toda posibilidad a una nueva relección que, de producirse, implicaría violar la Constitución.

Autoridades de gobierno han señalado que “la selección de los postulantes se hizo de acuerdo con los mandatos constitucionales”; hecho que, por principio, nadie discute porque si la mayoría parlamentaria está integrada por militantes del MAS, automáticamente, en Democracia, esa mayoría habrá cumplido con la Carta Magna; pero en el sentir de la oposición y mucho más del pueblo, que en su mayoría está en desacuerdo, la selección estaría forzada y puede calificarse de apócrifa o ilegal porque no es voluntad del pueblo boliviano que el Poder Judicial sea integrado por militantes político-partidistas y menos que estén supeditados al gobierno de turno que, en todo caso, exigirá que su militancia cumpla con las disposiciones partidarias.

El problema es grave porque es camino para una administración de Justicia que no remediará en absoluto todo lo malo que se hizo debido a elecciones pasadas, cuyos resultados fueron contrarios a toda moral y sentido de cumplir con la Constitución y la voluntad del pueblo que, nuevamente, se verá obligado a votar en blanco o anular su voto.