Evo Morales se compromete a revisar expediente

Yadira Peláez Imanereico informó ayer que entregó al presidente Evo Morales documentación que respalda la denuncia por acoso sexual que interpuso contra Carlos Flores, exgerente del Canal 7, Bolivia TV. Peláez afirmó que el Jefe de Estado se comprometió a revisar el expediente.

La periodista y exjefa regional de Bolivia TV Beni sorprendió al mandatario durante un acto público que se cumplía el martes en el municipio de Sacaba, Cochabamba, y fue cuando entregó la documentación.

“Le entregué un sobre con las pericias del IDIF (Instituto de Investigaciones Forenses) y el Iitcup (Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Policía), un disco compacto con todas las llamadas en las que recibí amenazas para que desista del caso, y una carta en la que hago un recuento de todo el proceso”, indicó a ANF.

Detalló que subió a la testera y saludó a Morales y le dijo: “Quiero hacerle llegar la denuncia de acoso sexual que formulé en contra del exgerente de Bolivia TV”. El Presidente le cuestionó: “¿Qué cosa?”, ante lo que Peláez insistió: “La denuncia por acoso sexual contra mi persona, para que usted vea como están manipulando”. El Presidente recibió el sobre y aseguró: “Lo voy a ver”, contó Peláez.

La periodista explicó que se animó a viajar hasta Sacaba alentada por algunos colegas que le informaron que “cuando el presidente Morales conoció una denuncia de acoso sexual en BTV Cochabamba instruyó la inmediata destitución del Jefe Regional y el Jefe de Prensa que estaban sindicados de ese delito”.

Aseguró que confiada en que el mandatario pueda intervenir en su caso, le entregó además una carta en la que detalla todos los antecedentes.

ANTECEDENTES

“Desde que en noviembre de 2016 informé a la actual ministra de Comunicación, Gisela López, del acoso sexual contra mi persona, hasta la injusta destitución de mi cargo el 24 de enero de 2017, un día antes que posesionen a Flores como gerente de BTV, y todo el detalle de las llamadas telefónicas y reuniones a las que me convocaron para que deje sin efecto mi denuncia, así como el proceso administrativo que me inician en represalia por mi decisión de exigir justicia y reinvindicar mis derechos como mujer y víctima”, dijo.

Peláez se vio obligada a cambiar su residencia de Trinidad a la sede de Gobierno para seguir de cerca los trámites judiciales “que ahora están estancados sin justificativo alguno”. Tuvo que dejar a su hija de 5 años al cuidado de familiares para seguir el caso. Ahora está desempleada y “asfixiada económicamente”.