Asambleísta pide auditar ABT

El presidente de la Comisión Madre Tierra y Medio Ambiente de la Asamblea Departamental, Celín Quenevo, propuso a este ente legislador realizar una auditoría técnica y legal a la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) en Riberalta y Sena de los departamentos de Beni y Pando respectivamente, debido a un posible aprovechamiento ilegal de recursos en la provincia Abel Iturralde.

“La ABT Beni y Pando, vienen autorizando ilegalmente el aprovechamiento de estos recursos (madera), por esta situación la Asamblea Legislativa Departamental ha propuesto una auditoria legal y técnica a estas sucursales que tienen en Sena y Riberalta. Vemos que realmente es importante el control de los recursos naturales sobre todo en la provincia Abel Iturralde que es bastante rica”, indicó el Asambleísta.

En ese sentido, explicó que la propuesta de auditoria a la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) Sena y Riberalta, se realizará en el trascurso de esta semana a la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz, para realizar el control de certificados forestales de origen y el pago de patentes de estos recursos, que pueden ser controlados por la Gobernación.

Asimismo, indicó que también planteará a la ABT La Paz, la creación de más ítems que permitan incrementar puestos control en poblaciones alejadas como ser la comunidad Santa Rosa Manurimi del municipio de Ixiamas, provincia Abel Iturralde, la cual presenta problemas de tala indiscriminada de madera.

Al respecto, recordó que en esta comunidad se decomisaron 521 trocos de madera, el pasado 12 y 13 julio, los cuales debían ser rematados dentro de ese mes. Sin embargo, la empresa que realizó la tala de árboles perteneciente al municipio de Riberalta, a cargo de Miguel Ruiz, realizó un Amparo Constitucional alegando que no fueron informados de la resolución de remate, por lo que éste no pudo ejecutarse.

En ese sentido, Quenevo, explicó que esta empresa contaba con la autorización de ABT Beni para realizar esta acción, a pesar que era de conocimiento público que esta madera provenía de la comunidad Santa Rosa Manurimi.

Asimismo, indicó que esta madera pertenecía a las especies de Mara Marcho y Cedro, logrando alcanzar dentro del mercado un precio de aproximadamente 10 a 11 millones de bolivianos.

En ese sentido, recordó que la acción realizada por esta empresa vulnera los procedimientos de la Ley Forestal 1700 y el Decreto Supremo 23022, que declara esta área como inmovilizada, por lo que solo se pude explotar castaña.