Sobre elección de magistrados

El comportamiento de la Asamblea Legislativa se basa en la aplicación de los dos tercios que tiene el oficialismo, como resultado de las elecciones generales. Prácticamente el Poder Legislativo es el sostén político del gobierno, que le permite desenvolverse sin oposición, pues la mayoría parlamentaria lo protege de una oposición que actúa sin liderazgo político y con integrantes de partidos políticos que ya estuvieron en el poder y su accionar no colmó la expectativa de los bolivianos.

La oposición requiere liderazgo porque está desorganizada y cada cual marcha por su lado, facilitándole al oficialismo la aprobación de leyes como quiere. La brigada parlamentaria opositora hace lo que puede, pero se nota que no hay disciplina parlamentaria y sus decisiones son al sol que brilla. La ciudadanía comprende que son minoría.

En cuanto a la organización del Poder Judicial, mediante votación, programada para el 3 de diciembre, pese la mayoría parlamentaria del oficialismo se considera nombres de futuros magistrados sin los méritos necesarios, pero sí políticos. Se avizora que los que sean elegidos ejercerán las funciones del Poder Judicial, pero bajo control político del partido gobernante.

El objetivo es controlar el Poder Judicial con jueces y fiscales politizados. Pero el pueblo necesita autoridades judiciales imparciales, no maleables, al servicio de la justicia y sin compromisos políticos.

En relación con la universidad boliviana, que mediante su Comité Ejecutivo decidió intervenir, por pedido de grupos políticos, en el proceso de selección de candidatos para el Poder Judicial, lastimosamente sus delegados no han aplicado métodos para valorar méritos y capacidad de los aspirantes. Por ello se echó sombras a sus actuaciones, al extremo de que se cuestiona que solo algunas universidades lograron aumento de partidas presupuestarias, se dice a cambio de su colaboración a candidatos oficialistas.

Sin embargo, por la Autonomía Universitaria se cuenta con un sistema de auditorías para manejar las universidades estatales, lo que está establecido en el artículo 185. Ningún gobierno ha podido avasallar la autonomía universitaria, porque es obligatoria la ayuda financiera a las universidades del Estado, por lo que no es correcto desvirtuar el concepto jurídico-financiero universitario. Recordemos que la autonomía fue conseguida con enorme sacrificio en el gobierno de Hernando Siles, porque la FUL tuvo que salir a las calles para conseguirla.

Muchos gobiernos trataron de intervenir las universidades, pero sus consecuencias fueron negativas para ellos. En el gobierno de Víctor Paz se trató de justificar el asalto a universidades de Cochabamba y Sucre en 1955, bajo el pretexto de instaurar universidades populares. En 1971 el Gral. Hugo Banzer intervino destituyendo a las autoridades universitarias y persiguiendo a estudiantes, con cierre total de universidades.

Los gobiernos de turno siempre alegan que no hay dinero para aumentar el presupuesto para las universidades, es conocida esta cantaleta. Siendo la universidad un eslabón poderoso de la cultura de los pueblos, la versión de que se habría favorecido a candidatos oficialistas a cambio de aumentar presupuestos universitarios es ofensiva. Además implicaría que se olvida lo que significa la Autonomía Universitaria.

El autor es Profesor Emérito y ex-autoridad de la UMSA.