¿Está en riesgo la seguridad del Estado?

El Ministro de Gobierno ha dicho recientemente que trasladará al Ministerio Público que investiga el luctuoso caso Eurochronos la información que considere pertinente; no así la que comprometa la seguridad del Estado. Pero ¿quién decide este extremo? ¿El propio ministro? ¿En un caso en el que es investigada la actuación de la Policía, que actúa bajo su mando?

¿Cuán democrático puede ser un Estado en el que el responsable político y administrativo de un área, nada menos que la de seguridad, puede decidir por sí y ante sí qué es lo que informa y qué no al Ministerio Público?

¿No debería, cuando menos, conformarse una comisión legislativa, conformada por oficialistas y opositores, para ser informada al detalle y que sea ella la que considere qué afecta y qué no la seguridad del Estado en este y otros hechos?

Porque con este precedente cualquier funcionario del Ejecutivo, y no digo que este sea necesariamente el caso, mañana puede decir y decidir hasta dónde investiga la justicia y eso sería más propio de un estado no democrático y no de un Estado de derecho, donde debe imperar la ley y la división de poderes.

Ya el ministro Romero había advertido que, a causa de las dudas razonables que se ciernen respecto de que al menos un policía habría disparado contra una rehén en Eurochronos (en julio pasado), la Policía estaba molesta ante estas sospechas de modo que en futuras oportunidades, en el mejor de los casos, lo pensaría mucho antes de intervenir.

La verdad es que la actuación de la policía ante un delito no es una cuestión de gustos y pareceres; es una obligación constitucional. El ciudadano se priva de muchas cosas para, con sus impuestos, pagar sus sueldos. Y entonces resulta cuando menos llamativo que quien hace de cabeza del área se muestre molesto con la ciudadanía ante una investigación pertinente, y comprensivo ante una amenaza de desacato, nada menos que de la Policía.

Todo este desaguisado tiene que ver con la ya declarada presencia, por parte del propio ministro Romero, del cártel mafioso brasileño Primer Comando de la Capital (PCC), una brutal organización criminal que controla penales y favelas en el Brasil, y se dedica a robar, secuestrar, traficar drogas y armas y, por supuesto, a asesinar.

Su presencia en Bolivia se hizo patente en marzo cuando atacó un camión de caudales en Roboré y se llevó un importante botín. Durante días los criminales fueron asediados por la policía y el ejército hasta que su acción combinada logró reducir a los delincuentes. Sus dos cabecillas en Bolivia fueron entonces encarcelados en Palmasola.

No cabe duda de que en la Policía, a la que el PCC ya ha causado bajas, hay una mayoría valiente y dispuesta a cumplir con su deber. Nunca está demás reconocer a esos uniformados y darles las gracias por exponer sus vidas para proteger a la comunidad.

Pero esto no debiera ser óbice para que cuando alguien no cumple con su tarea o hace uso desmedido de la fuerza y en su labor causa daños innecesariamente, peor si son humanos, sea identificado y procesado como correspondería a cualquier ciudadano, más si forma parte de las fuerzas de seguridad.

En la que parece ser la contracara de lo que acontece con Eurochronos, por estos días en la Argentina cerca de 40 gendarmes (policías militares) han pasado a la justicia -con nombre y apellido- ante la desaparición de una persona, al parecer, como resultado del uso desmesurado de la fuerza por parte de algunos de ellos. Este es el proceder normal en un Estado de derecho.

Dicho lo anterior, ¿que un grupo de delincuentes en el asalto a una joyería ponga en riesgo la seguridad del Estado no es demasiado? En todo caso, es un mensaje que no hace más que intranquilizar y llevar zozobra a la población.

¿Habrán caído en cuenta las autoridades de la magnitud de sus palabras que, de no mediar aclaración, llevan a pensar que efectivamente la seguridad del Estado está en jaque por la acción de un grupo de delincuentes, avezados sí, pero que no deja de ser una banda de facinerosos?