Piden segunda orden de aprehensión contra familia sindicada por esclavitud

Érica Febrero, abogada del Sepdavi, informó que se está solicitando a la Fiscalía, la emisión de una segunda orden de aprehensión en contra de la familia que fue denunciada por el delito de trata y tráfico en grado de esclavitud de su empleada doméstica.

Luego de que el hecho se hiciera público, Tomasita Machaca, la mujer que denunció haber estado sometida a esclavitud por 38 años, fue contratada, hasta diciembre, en el Ministerio de Justicia con un sueldo de 2.600 bolivianos que le permite tener acceso a un seguro médico, informó ayer el jefe de la Unidad Jurídica del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Victima (Sepdavi), Diego Rabaza.

"La idea de la contratación es para que el equipo multidisciplinario que compone el Sepdavi le brinde todo el apoyo psicosocial para que ella pueda reinsertarse a la sociedad. Se le presta colaboración incluso para que ella incluso cuente con el registro en sistema de pensiones y poder sacar una cuenta bancaria donde se le pueda hacer la cancelación de su salario", explicó Rabaza en entrevista con este medio.

Por su lado, la psicóloga de la misma institución, Nicole Pinto, refirió que en los análisis preliminares se ha corroborado la falta de formación educativa de Tomasita y el temor a relacionarse con su entorno.

A su turno, Febrero refirió que en el caso donde Tomasita se constituye como víctima, se han solicitado varios requerimientos entre ellos, para las empresas telefónicas para certificar el grado de aislamiento en el debió vivir.

Recordemos que los imputados son los hermanos José e Isabel O. R. además de uno de los cuatro hijos del primero, Luis O. R., quienes, según la denuncia, tuvieron cautiva en su casa a la señora que trabajó con la familia desde sus 15 años.

Tomasita relató que esta familia le había dicho que su padre se las había vendido y que toda su familia había muerto, por lo que no tenía donde huir.

Febrero aseveró que la familia no asistió a dos citaciones de la Fiscalía y que se emitió una primera orden de aprehensión, misma que quedó sin efecto el 15 de septiembre y ahora se pide ampliar las facultades en una segunda orden para que los mismos sean traídos ante la ley.

Por su lado, el abogado de la familia denunciada, Jorge Valdivia, aseguró desconocer el paradero de sus clientes y volvió a señalar que en el caso de José O. R., el mismo sufre de arritmia cardiaca que le impidió presentarse.

Sobre Isabel O. R. explicó que ella no fue notificada en su verdadero domicilio y que ella nunca vivió en la casa de la calle 15 de Calacoto de donde escapó Tomasita.

Valdivia también aseveró que sus clientes esperan la inspección ocular del domicilio pero piden que sea ante el juez. El abogado declaró desconocer el paradero de sus clientes y que esto le impide realizar más actuados.

La versión fue desvirtuada por la abogada del Sedip, debido a que se ha verificado que en la Fiscalía no se ha presentado ningún certificado médico ni apersonamiento alguno. Incluso dentro del caso que la familia abrió por robo contra la mujer, no existe avance alguno siendo ellos la parte interesada.

Febrero sostuvo que entre los elementos objetivos que hay para probar el delito cometido contra Tomasita Machaca está una certificación del Sereci que señala que nunca emitió su voto en elecciones.

Asimismo, se espera verificar la cantidad de domicilios que tienen los denunciados para así citarlos de forma oficial ya que otros familiares se constituyen en testigos del trato que recibía la mujer originaria de la comunidad Callinzani, de la provincia Camacho de donde el "29 de septiembre de 1979", José Simón Machaca Salas, su padre, la había sacado para buscar a su hermana menor Catalina, quien a sus siete años había si llevada a la casa de los padres de José O. R.

Otro aspecto que se ha solicitado es a Migración sobre el flujo migratorio de los denunciados para saber si aún se encuentran el país.