Organismo de Control Social rechaza ampliación de intervención de Epsas

El Organismo de Participación y Control Social del municipio paceño calificó como una decepción para la ciudadanía la ampliación a la intervención de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas), considerando las aspiraciones que tenían La Paz y El Alto en ejercer sus competencias al respecto.

La Ley 2066 de Prestación y Utilización de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario establece esta intervención por un plazo no mayor a seis meses. La Resolución Administrativa Regulatoria 260/2016 de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS) daba como último período de intervención hasta el 29 de septiembre. Sin embargo, la Resolución Administrativa Nº 437/17, emitida este pasado 13 de septiembre, vuelve a prorrogar dicha administración por un año más.

El representante del Organismo de Control Social, Wáleter Sempértegui, criticó la determinación porque trataría de dilatar las aspiraciones que tiene la ciudadanía en contar con una prestación de calidad.

“Hemos sentido una decepción porque nosotros teníamos la idea que la transferencia de Epsas a los gobiernos municipales que tienen interés en administrar el agua y saneamiento iba acelerarse. Como entidad cívica nos reuniremos el próximo miércoles y vamos a invitarlos (a las autoridades del agua) para conocer cuáles son los argumentos que tienen para dilatar este tema”, dijo.

Considerando que esta entidad trabaja internamente de forma orgánica, su representante señaló que estas sesiones informativas que adelantó, se realizarán con la presencia también de autoridades ediles relacionadas con el tema.

“También tenemos proyectado invitar a un Secretario Municipal, para que coadyuve y nos hagan conocer las próximas acciones que se pueden tomar, recibiremos la información para luego transmitirla a los macrodistritos y sus correspondientes distritos, para que los vecinos se informen”, acotó.

La opinión pública conoció las elevadas cantidades de presupuesto que destina Epsas para cubrir el costo de sus recursos humanos.

Según el concejal de El Alto, Javier Tarqui, una auditoría develó que casi el 50 porciento se destinaba a este fin, esta información también fue criticada por Sempértegui.

“Ya lo habíamos denunciado antes, y fue a consecuencia de la denominada crisis agua que se pudo revelar. Nosotros también pedimos informes a los ejecutivos (de Epsas) pero nunca llegaron al Control Social. Por ejemplo, secretarias, choferes y porteros tenían montos altísimos y que era una planilla alta de personal con relación a las inversiones. Por supuesto esto merece una complementación de información y ojalá asistan”, concluyó.

INTERÉS POLÍTICO

Al respecto, la concejala Chacón reiteró que esta decisión es ilegal lo que derivó en que el Gobierno Municipal paceño presente una impugnación que tiene puntuales argumentaciones.

“Esta decisión es ilegal, sabemos que esta intervención no debía ser más de 6 meses y lo llevan arrastrando más de 4 años. Ahora se está negando el ejercicio competencial de los municipios y también por el hecho que el gobierno a través de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) está manteniendo a una empresa constituida de manera ilegal; Epsas actualmente es una sociedad anónima y lo que pasa es que la Constitución Política del Estado prohíbe que entidades que tengan fines de lucro administren el servicio”, apuntó la autoridad edil.