Traición a la Patria

El Presidente del Estado Plurinacional, que se ha arrogado el rol de Juez Supremo, a raíz del fallo emitido por una sala del Tribunal Supremo de Justicia en el caso de la entrega de los misiles de fabricación china, en el gobierno del señor Eduardo Rodríguez Veltzé, ahora en funciones diplomáticas, manifestó su disconformidad con el fallo, pues a su criterio las penas establecidas deberían haber sido rigurosas, ya que la tal entrega de esas armas constituía una “traición a la Patria” y merecía la máxima condena establecida en las normas penales.

La figura jurídica penal de traición está tipificada en el artículo 109 del Código Penal, en el Libro II, título I de Delitos contra la Seguridad del Estado y dice ese artículo que se da esa figura delictiva cuando se toma armas contra la Patria, se uniere a los enemigos, etc., durante un estado de guerra extranjera.

Que sepamos, cuando se entregó ese armamento no estábamos en guerra con ningún país y en consecuencia no podía haber traición alguna a la Patria. Además la decisión de esa medida fue, sin duda, una decisión política, es decir tomada por las autoridades del más alto nivel en la administración del Estado.

Los ex jefes y oficiales involucrados en ese proceso judicial no hicieron otra cosa que cumplir órdenes dentro de la cadena de mando, que tratándose de un asunto tan delicado, debieron ser emitidas por la más alta jerarquía del poder político del Estado en ese momento.

Las Fuerzas Armadas, al igual que la Iglesia Católica y seguramente algunas otras instituciones, tienen la característica de tener un ordenamiento de mando vertical y en consecuencia nadie hace nada que no provenga de una instancia superior y así sucesivamente, hasta llegar al nivel de mando que toma una decisión o dicta una orden que debe ser cumplida.

Lo llamativo en esa resolución de la máxima instancia del ordenamiento judicial, en la sala respectiva -cuyos magistrados ahora son encausados en un proceso en la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista- es que dispone la investigación por una supuesta responsabilidad del ex presidente Carlos Mesa, en la emisión de una disposición de su gobierno sobre acceso a la información, que según criterio de los jueces, habría afectado la seguridad del Estado.

Salta a la vista que los jueces seguramente pretendieron hacerle un servicio al gobierno involucrando a Mesa en la sentencia, cuando en verdad nada tenía que ver su gestión de gobierno en el asunto de la entrega de esas armas y se excluye al Capitán en Jefe en el momento de esa entrega, que era la máxima autoridad de la fuerza militar. No cabe duda que toda subalternización de cualquier institución oficial del Estado a los intereses de otro Estado resulta, por decir lo menos, censurable, pero no olvidemos que en nuestra historia entregamos extensos territorios y las costas marítimas a otros Estados, entonces: ¿cuán grave fue la entrega de cerca de una docena de misiles por requerimiento de otro Estado? ¿Eran armas tan estratégicas que ponían en riesgo la seguridad y defensa nacional?

Creemos que más daño a la Patria, su desarrollo e intereses, ha causado la deficiente administración del Estado, ya que en estos años han “despilfarrado” miles de millones de moneda dura, en obras de poca significación para nuestro futuro, así como la permanente conducta política de atropellar las normas constitucionales y leyes, por el interés y ambición política de un grupo ya reducido y desgastado de improvisados políticos.

No olvidemos que se gobierna no sólo para el presente, sino para la historia, y si bien nuestra historia está plagada de malos gobiernos, es ésta la que dicta su veredicto en su momento y a ese veredicto, alejado por el tiempo de las influencias del poder, se deben someter todos los gobernantes que han pasado por la administración del Estado.

Todos los gobiernos son efímeros en el tiempo, y pasado su tiempo, dejan para el juicio de la historia lo bueno y malo que hubieran hecho.

El autor es abogado y politólogo.