Seguros y atención médica

En estos días se corrige el nefasto “actual Código de Procedimiento Penal de Bolivia” en la Asamblea Plurinacional y varios de los artículos tienen que ver con la atención médica en Bolivia.

El Código planteado indica tres puntos. El primero menciona que el médico acusado y luego sentenciado por “mala práctica médica” (impericia, etc.) debe ser pasible a tres años de prisión, seguramente esto después de ser querellado, imputado, acusado y ser llevado a un juicio oral, donde reciba una sentencia. El segundo punto es que el médico debe pagar económicamente al paciente lo ocasionado por su impericia. El tercer punto se refiere a que a ese médico se le retirará su título profesional.

Debemos mencionar que en los últimos años se han presentado en Bolivia algunas demandas referentes a la “mala práctica médica”, éstas se han dado principalmente en el área de la medicina quirúrgica (operaciones) y anestesiológica.

El médico que vaya a operar o anestesiar, en primera instancia debería firmar en cada “caso médico” un contrato donde acepte “voluntariamente” cada caso o en su defecto lo rechace (en el contrato estaría incluido el “seguro”). Puede ser rechazada la atención, por ejemplo, por la gran complejidad que pueda presentar un paciente y su enfermedad. Estos casos complejos pueden ser referidos o derivados a otro médico nacional que acepte el caso o en su defecto al extranjero. El Estado de Bolivia debería realizar un contrato con un hospital de Estados Unidos o Europa (con tecnología de punta) para la atención de estos casos muy complejos. Está muy mal que actualmente en Bolivia se atienda, temerariamente, casos muy complejos, sin tener la capacidad profesional ni de equipos.

En relación con el segundo punto, se puede crear un “seguro”, al cual cada médico que vaya a hacer una operación y cada médico que vaya a realizar anestesia en un paciente, haga un aporte económico. Así se crearía un fondo común “no para indemnizaciones millonarias”, sino para la manutención y atención médica básica y otras de los pacientes damnificados. Está por demás decir que el dinero que se aporte a este seguro, saldría indirectamente del bolsillo de cada paciente (atención privada) y de las arcas de, por ejemplo, la CNS. Actualmente los pacientes afectados son abandonados a su suerte.

El “seguro médico” debería ser “estatal”, ya que con los seguros privados se produjo, por ejemplo, el no pago en el caso Lamia, a un año de ese accidente. Recordemos que en ese caso la aseguradora fácilmente, sin control estatal, indicó que Lamia no estaba con sus cuotas al día, pero que a pesar de esto el Estado de Bolivia dejó despegar ese avión. Y los jurisconsultos internacionales dicen que Bolivia, como fruto de esta su irresponsabilidad, debería pagar los 11 millones de dólares de seguro a las familias de los pasajeros fallecidos.

Todo lo que anteriormente se indicó cubriría el “área civil” (dinero).

Hace años el ex alcalde de San Buenaventura del departamento de La Paz hizo desaparecer cientos de turriles de asfalto del municipio, fruto de lo cual pagó su pena con varios años en la cárcel, pero ¿repuso el dinero (área civil)?

En cuanto al “área penal” (penas en la cárcel), está por demás decir que al médico que se lo querelle, impute, luego acuse y posteriormente sea llevado a un juicio oral, donde se demuestre “la mala práctica médica”, debe nomás cumplir con su pena en la cárcel. Así debería ser en todas las profesiones donde se demuestre una “mala práctica profesional”, por ejemplo por lo que ocurrió con el diseño no adecuado del edificio Alcázar en La Paz que casi colapsa, la caída del puente en Cochabamba que colapsó (¿quién está pagando los 2 millones de dólares del área civil?), la quiebra de Enatex, etc.

En cuanto a quitarle a ese profesional su título de médico, aparentemente solo bastaría con quitarle su “especialidad”, porque este profesional resultaría un peligro para la sociedad si continuase ejerciendo como especialista (operando o anestesiando). Así también debería ocurrir con otros casos, como los profesionales economistas de Enatex, ingenieros civiles del puente de Cochabamba y del edificio Alcázar, militares que entregaron los misiles chinos, notarios que falsifican firmas y que luego deben pagar por los daños civiles y penales, etc.

www.ensayosedgarruiz.blogspot.com