Corre tiempo para revocatorio de alcaldes y gobernadores

• El artículo 11 de la Ley de Modificación al Presupuesto General del Estado 2017 establece que el financiamiento deberá ser asumido por la entidad


JUAN CARLOS CEJAS, GOBERNADOR DE POTOSÍ.
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Faltan dos meses y medio para que se active el proceso de revocatorio de las autoridades subnacionales, tomando en cuenta que se debe realizar a partir de diciembre de la presente gestión, cuando se cumpla la mitad del mandato de los gobernadores y alcaldes, quienes asumieron su cargo en mayo de 2015.

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), José Luis Exeni, aclaró que a partir de diciembre se habilitará el periodo de la solicitud de las autoridades departamentales y municipales. Para revocar a las autoridades es necesario recolectar firmas del 30 por ciento del padrón electoral de cada municipio demandante.

El artículo 25 de la Ley 026 de Régimen Electoral, señala: “Es el mecanismo constitucional a través del cual el pueblo soberano decide, mediante sufragio universal, sobre la continuidad o el cese de funciones de las autoridades elegidas por voto ciudadano. La revocatoria del mandato es el derecho del electorado a destituir del cargo a un funcionario antes de que concluya el período de su mandato”.

REVOCATORIOS

El Comité Cívico Potosinista (Comcipo) que es liderado por Jhonny Llalli, en una asamblea general determinó solicitar la revocatoria del gobernador, Juan Carlos Cejas, y el alcalde, Williams Cervantes, de la Villa Imperial ya que no cumplieron con el plan de gobierno que presentaron en la campaña electoral.

El Concejo Municipal de Potosí remitió una nota al Órgano Electoral solicitando el presupuesto que se requiere para llevar a cabo el proceso rescisorio, para que este sea incluido en el programa operativo anual de la gestión 2018. Sin embargo, en un promedio que el Concejo realizó requerirán al menos Bs 2.5 millones.

En tanto, el presidente de una de las federaciones de juntas vecinales de la ciudad de La Paz, Jesús Vera, que es militante activo del Movimiento al Socialismo también alista la iniciativa para el revocatorio del alcalde Luis Revilla.

En ese marco, informó que la próxima semana presentará ante el Tribunal Departamental Electoral de La Paz los libros con cinco mil firmas que según, aseguró, recolectó para la revocatoria de Revilla.

El pedido será reiterado el martes de esta semana cuando las juntas vecinales afines al MAS salgan en una marcha pidiendo el reajuste del Presupuesto Operativo Anual (POA) de cada zona de la ciudad y el fin del gobierno de Revilla.

En tanto, en la ciudad de El Alto se prepara un escenario similar ya que la junta de vecinos de ese municipio alineado al MAS, también está preparando una iniciativa para el revocatorio de la alcaldesa Soledad Chapetón, debido a que según asegura no se ejecutaron obras de gran envergadura en su gestión.

CORRUPCIÓN

En el caso del alcalde de Achacachi, Édgar Ramos, los comunarios de ese municipio denunciaron que en la gestión de esa autoridad se registraron hechos casos de corrupción y malversación de fondos, aseguran que se destinó Bs 500 mil para la construcción de un baño con tres letrinas.

El alcalde de San Buenaventura, Javier Delgado, es otra de las autoridades que está en la mira para el revocatorio, ya que se registraron irregularidades en la ejecución de proyectos en su gestión, estos hechos fueron denunciados por los dirigentes de las Organizaciones Territoriales de Base (OTB) en el 2015 y hasta el momento la Fiscalía no hizo ninguna acción.

PRESUPUESTO

Según la Ley de Modificación al Presupuesto General del Estado 2017, establece que “el financiamiento para procesos electorales por sustitución de autoridades ejecutivas de las entidades territoriales autónomas, no contemplados en el calendario electoral expresamente aprobado por ley, deberá ser asumido económicamente por la entidad”.

El Tribunal Supremo Electoral determinará el presupuesto requerido para la organización, administración y ejecución del proceso de revocatoria de mandato, el cual será cubierto con recursos del Tesoro General del Estado, de los Gobiernos Departamentales y de los Gobiernos Municipales, según corresponda.

 
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