Ineficiencia oficial en inversiones

Es incomprensible que el Estado sea el primero en caer en la insuficiencia para la inversión pública, pese a que tiene las disponibilidades financieras necesarias, tal como se halla previsto en el Presupuesto General de la Nación del presente año.

Con esta experiencia inexcusable, cómo se puede esperar que la inversión privada marche con la regularidad del caso, considerando que ella depende de los resultados puntuales que tiene para hallarse en condiciones de invertir.

El comportamiento de la inversión fiscal en este año es demostrativo de lo antes expuesto. Estaba presupuestado que ascendería a 6.932 millones de dólares, en moneda nacional Bs 47.558 millones.

Lo lógico habría sido que el 50% de esta suma sea invertido en los primeros seis meses del año. Empero, ocurre que al séptimo mes, o sea hasta julio, únicamente se ha invertido $us 2.008 millones, o sea Bs 13.776 millones, lo que representaría sólo el 28,97 por ciento.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Mario Guillén, informó el jueves pasado que hasta el primer semestre del año se invirtió el 33% del total presupuestado. Pero, al mismo tiempo, sostuvo que es en el segundo semestre cuando se efectúan las mayores inversiones públicas, porque es el período en que se ejecutan los proyectos oficiales previstos.

En la oportunidad es conveniente anotar que la inversión pública es la más esperada, porque es la que se dedica al mejoramiento de las condiciones de servicio y utilidad general. De manera que es la más próxima para atender los requerimientos departamentales y sociales en general, por tanto quiere decir que se atendió otra necesidad demandada por la población, en sus diferentes escalas.

La inversión fiscal es ejecutada principalmente por las gobernaciones, las empresas municipales e instituciones descentralizadas, cada una de las cuales está dedicada a cubrir algunas de las muchas exigencias que tiene la sociedad boliviana.

En esta ocasión resulta pertinente señalar que el mayor aporte que se espera del Estado es la construcción de caminos, pues siquiera un 60% de la población boliviana está aislado y cuando carece de una carretera no tiene la posibilidad de llegar a los mercados con su producción, tanto la que proviene de los cultivos de la tierra, como de la explotación de ciertas riquezas naturales, entre ellas las minerales.

A ello lo conveniente es agregar la producción artesanal, que habitualmente proviene del aporte de las familias, pues intervienen en ella todos sus miembros, con excepción de aquellos hijos que todavía no han llegado a los 10 años de vida, sean varones como mujeres.

A fin de año se conocerá, en especial, la cantidad de kilómetros de caminos que se ha construido en todos los departamentos. Al presente, si bien existen ya las vías interdepartamentales, lo que estaba faltando mucho es habilitar la comunicación vial a todos los pueblos provinciales.

Al satisfacerse a estas poblaciones con los medios viales para poder llegar con sus productos a los mercados urbanos, se evita las migraciones campo-ciudad, que no son convenientes para las personas y las áreas urbanas.

Cuando se produce este fenómeno sea crea varios problemas sociales y económicos, que por lo general son inconvenientes para el país, pero más adversos para las familias rurales, pues quedan virtualmente mutiladas con la ausencia del padre de familia, si acaso no alcanza también a los hijos ya en edad adolescente o juvenil.

Por simple razonamiento y percepciones que se tiene de procesos de esta índole, que se ha producido en otros países y que parcialmente está ya ocurriendo en Bolivia, se rompe la unidad familiar y provoca desequilibrios lamentables en los espacios rurales y urbanos.

A ello se añade que las poblaciones rurales no progresan en lo económico y en el mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes. La migración de los padres de familia impide que sus propias poblaciones no mejoren en sus condiciones de progreso y de vida comunitaria.