Juego de reservas

Esto de la certificación de las reservas de gas se está pareciendo a una pesadilla en que la meta se va alejando conforme uno se acerca a ella.

PETRÓLEO ORO ZINC Esta semana, el petróleo alcanzó su cotización más alta desde julio de 2015 y, aunque volvió a caer, algunos analistas ya están hablando de una recuperación. La temporada de huracanes ha obligado a la industria ha reevaluar reservas y pronósticos de demanda con lo que hay quienes creen que el precio podría subir por encima de los 80 dólares el barril antes de fin de año, cuando la reducción en la producción se encuentre con un aumento en la demanda. Estados Unidos sigue dominando la cotización del oro a nivel internacional. La guerra de insultos y amenazas entre Donald Trump, y el líder nor coreano Kim Jong-un, ha ayudado a elevar el temor en los mercados y el precio del oro como refugio seguro ante una crisis. Ahora una propuesta de reforma impositiva en Estados Unidos ha reducido el precio del oro ya que el mercado cree que podría incentivar la economía de ese país y del planeta. El valor de las exportaciones de zinc de Bolivia ha aumentado en más de 30% durante los primeros 7 meses del año comparado con el mismo período de 2016. Esto se debe a un aumento de casi 100% en el precio desde marzo de 2016 a la fecha. El zinc se ha convertido en la principal exportación minera de Bolivia desde 2016 y sin embargo en los primeros 7 meses de este año Bolivia exportó menor volumen de zinc que en el mismo período de 2016.

A principios de año, el ministro de Hidrocarburos dijo que en diciembre se conocería el informe de la empresa contratada, aunque ese mismo día el Vicepresidente dijo que eso sería en enero próximo.

Ahora, el primero de esos personajes dice que todavía no ha contratado a la empresa que debe hacer el trabajo pero que lo está haciendo de inmediato para que el informe sea conocido en mayo del próximo año. Pero cuando explica el proceso, dice que será en junio. Se ha perdido otro año en esto de conocer las reservas, que no se las mide desde 2013.

Quizá esto tenga que ver con el proceso electoral y las urgencias del gobierno de demorar las malas noticias, porque, como se sabe, hay el temor de que las reservas estén en su nivel más bajo desde 1991 y sean ahora de solamente 5 TCF.

Mientras se da este espectáculo, sin pensar en lo que está diciendo, el propio ministro Luis Alberto Sánchez dice que Brasil tiene plazo de pocos meses para decir si quiere o no renovar el contrato de compra-venta que fenece en 2019.

Eso es ignorar lo que están diciendo brasileños y argentinos sobre este tema: que quieren estar seguros de que Bolivia cuenta con el suficiente gas antes de firmar ningún compromiso ni generar una dependencia insegura y peligrosa.

Las dudas de esos países son la causa de que hayan pedido volúmenes menores a los que tienen derecho durante todo este año. Han comenzado, por supuesto, a reducir la dependencia respecto de una provisión insegura de gas.

Argentina ha avanzado más todavía. Según el ministro Juan José Aranguren, ese país volvería a exportar gas a Chile a fines del próximo año, según anunció el 7 de septiembre y lo publicó El Cronista.

Por su parte, Brasil ha hecho saber que en 2021 comenzará a usar el gas residual que se produzca en los yacimientos “pre-sal” del océano Atlántico: unos 15 millones m3/d para comenzar.

Los vecinos compradores de gas boliviano no se han dormido. Han elevado sus reservas probadas y ahora nos están mandando mensajes muy claros.

Seguir mintiendo sobre las reservas bolivianas no sirve de nada, sobre todo porque los dos países vecinos saben muy bien cuál es el verdadero nivel de esas reservas y está claro que han decidido no seguir creyendo a un proveedor poco fiable.

El drama de las reservas está relacionado a la falta de inversión e interés en explorar que es un resultado directo de las condiciones que ofrece Bolivia a las empresas que pueden explorar y encontrara nuevos yacimientos. La queja principal hasta ahora ha sido la falta de seguridad jurídica.

El Gobierno se propone aplicar el código penal contra la “mala praxis” de los periodistas en los medios convencionales y en las redes sociales.	Pero no tiene iniciativas para aplicar sanciones a los dignatarios que hacen mala praxis de sus atribuciones cuando aprueban proyectos multimillonarios que no funcionan.