Riesgos de insistir para una reelección

La insistencia del gobierno en persistir en el error le conduce, obviamente, a contradicciones que pasan al nivel del antagonismo, extremo este último que resuelve los problemas por vía de la violencia. Tal pareciera que es el caso del partido oficialista, MAS, al pedir la anulación de cuatro artículos de la Carta constitucional vigente y cinco de la Ley 026, que impiden la reelección del actual mandatario, Evo Morales Aima y otros funcionarios.

Entre esos antagonismos se encuentra uno que pide al Tribunal Constitucional que anule el resultado del referéndum del 21 de febrero del año pasado, en el que el pueblo boliviano, por amplia mayoría, se pronunció, de hecho y de derecho, en sentido de que no debía haber una re-reelección del Presidente y se debe poner fin a inaceptables intentos prorroguistas no solo por principio sino porque así lo estableció la vida práctica de la sociedad.

Este último punto es de gravedad, pues la anulación de la voluntad popular expresada en un referéndum tiene alcances imprevistos, como se demostró en más de una oportunidad. En efecto, por ejemplo, la anulación de la voluntad popular expresada en las elecciones nacionales del año 1951 determinó tan grande protesta popular, que buscó la manera de hacer respetar la voluntad del Soberano, expresión que se materializó en la insurrección popular del 9 de abril de 1952, que echó por los suelos todo el andamiaje contrario a la decisión mayoritaria de la ciudadanía, reacción no imposible de repetirse. Ya existe, pues, jurisprudencia.

Un segundo aspecto de carácter antagónico consiste en que la demanda ante el Tribunal Constitucional se basa, entre otros, en la defensa de los Derechos Humanos, pues todos los ciudadanos pueden ser reelectos. En principio, la solicitud no es extraña, pero lo que llama la atención es que ahora recién, después de doce años, la tienda gobernante se acuerde de ese principio que, primero, lo estableció en su Constitución y que ahora trata de enmendar a como dé lugar y que, además, lo encuentra inconstitucional. Así, es notorio que en este caso habría una doble moral oficialista que contradice la lógica elemental y hasta al sentido común.

De otro lado, se estaría adoptando una actitud totalitaria al sugerir a los mismos magistrados del Tribunal Constitucional la violación de la misma Constitución. En efecto, se demandaría que las autoridades judiciales reformen la Constitución por su cuenta y riesgo en olvido de toda norma. Así, se estaría pidiendo a ese organismo que adopte una medida que no le corresponde en forma alguna o sea que reforme la Constitución, atribución exclusiva del Congreso. Como se adelantó, si los magistrados actuasen en ese sentido, lo único que les correspondería por voluntad propia, sería dirigirse a la cárcel por cometer prevaricato.

En todo caso, es posible que la ilógica demanda ante el TCP prospere hasta llegar a favorecer los intereses del oficialismo, pero no se debe dejar de considerar que ese resultado antagónico podría llegar a extremos inconcebibles y que recuerdan el dicho “Después de mí, el diluvio”.