La vida política de la sociedad boliviana está regida por leyes que se cumplen de manera invariable y por encima de los deseos de partidos o dirigentes políticos que tratan de desconocer las características del desarrollo político nacional. Una de esas leyes no permite la reelección indefinida de algunos personajes, por buenos o malos que fuesen.
Es más, esas leyes arrollan, por así decirlo, a quienes se le oponen. Los hechos lo demostraron en varias oportunidades y como toda ley histórica, como la que es contraria a la reelección de algún gobernante, se cumple de manera inevitable. Acudiendo a un aforismo jurídico se puede decir que “La ley es dura, pero se cumple”.
Cuando un fenómeno social se repite una y otra vez con las mismas características, se convierte en una ley y las leyes se cumplen de manera inexorable. Yendo a un extremo, se puede hacer referencia a la ley de la gravedad. Como siempre un objeto cae de arriba abajo, entonces se deduce que se trata de la ley de la gravedad. Lo mismo ocurre en lo que se refiere a leyes sociales. De tanto repetirse se convierten en leyes naturales y oponerse a las mismas podría tener consecuencias fatales.
El desarrollo de la actividad política boliviana muestra que en toda oportunidad en que se intentó el prorroguismo presidencial, terminó en una tragedia. Basta hacer un recuento somero de algunos de esos acontecimientos para encontrar que la ley que se opone al continuismo en el gobierno está en plena vigencia.
Dos casos: En 1930, el presidente constitucional Hernando Siles Reyes intentó prorrogar su mandato con diversos argumentos. La oposición social fue tan fuerte que hizo fracasar el intento mediante un golpe de Estado que puso fin a sus ambiciones, por buenas o malas que fuesen.
Lo mismo le ocurrió al presidente Víctor Paz Estenssoro en 1964, empecinamiento que provocó no solo la caída del poder de su partido, el MNR, sino que puso fin a una revolución. Ese resultado se hubiese evitado con la simple decisión de ese mandatario (que estaba advertido) y su partido al renunciar al intento y así no haber permitido que advenga una época contrarrevolucionaria.
La sucesiva repetición del fracaso de esas ambiciones prorroguistas se convirtió en una ley social de la actual realidad política boliviana, más aún cuando el deseo está plasmado en una Carta constitucional.
Pero el asunto es de mayor magnitud. En 1951, el sector social gobernante llamó a elecciones para mayo de ese año con el intento de prorrogarse en el poder y evitar que el MNR gane las elecciones. Sin embargo, pese a todos los esfuerzos, el MNR ganó la elección. Pero la tozudez del régimen hizo que el gobierno anule el resultado electoral y, en esa forma, cometió una ofensa al pueblo boliviano.
Entonces, ese atropello a la razón y a la soberanía popular provocó una indignación de tal naturaleza que creó las condiciones para que el pueblo se revindique y ponga las cosas en su lugar. En efecto, la reacción no se dejó esperar y a solo un año de esa conculcación a la voluntad del Soberano, se produjo la revolución del 9 de Abril de 1952 que echó por los suelos el deseo continuista de los partidos tradicionales.
En esa forma el pueblo boliviano, una vez más, confirmó la ley social por la cual en el país no se acepta la reelección indefinida de un gobernante, medida establecida no solo por la actual Constitución sino por las quince anteriores, principio que debe ser tomado en cuenta mientras dicha ley esté en vigencia. Pero los dioses ciegan a los hombres…
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