Después de semanas de negociaciones con sindicatos y organizaciones patronales, el 22 de septiembre el presidente francés, de 39 años y políticamente centrista, en una sesión televisada y ante el consejo de ministros, aprobó una nueva ley laboral de 200 páginas que debería ser el comienzo de una renovación del modelo social francés, hoy exhausto por lo oneroso y sobre todo asfixiante de la empresa privada. Las finanzas de la empresa pública tampoco han sido soportables porque el monto de impuestos recabados no es lo que debería ser. Se trata del proyecto estrella de su mandato con el que espera renovar el ímpetu industrial francés que ahora adolece de frustración e inapetencia además del diez por ciento de desempleo de la población activa. “Somos la única gran economía de la Unión Europea (UE) que en las últimas tres décadas no ha logrado derrotar el desempleo masivo”, dijo Macron a la revista Le Point del 20 de septiembre.
Laurent Berger, líder del sindicato CFDT, por su parte dijo que estaba “profundamente decepcionado” por algunos puntos de la nueva ley… pero no convocó a manifestaciones. El líder del partido de izquierda radical “Francia Insumisa”, Jean-Luc Mélechon, hizo un llamado a “tomar” París para afrontar este “golpe de estado social”. El primer ministro, Eduard Philippe, comentó que la nueva ley ayudaría a Francia “a compensar los años perdidos de desempleo masivo”.
Si se trata de meses e incluso años de “vacas flacas”, es imposible compensar ese alto costo con la holgura de las escasas épocas de “vacas gordas” cuando las hay. Pero esto no queda claro para los miles de manifestantes que paralizaron los esfuerzos de reforma del presidente François Hollande. Y eso que era un socialista conocedor de la situación económica de Francia. Esos manifestantes también han venido haciendo las cosas difíciles para Emmanuel Macron, con manifestaciones recientes de docenas de miles de personas que se oponen a su reforma. La aceptación pública de Macron ha descendido al 40%. Pero éste no descansa y con el Parlamento a favor lleva las de ganar en parte porque ha recurrido al método acelerado de ordenanzas, evitando así los prolongados debates legislativos. Los términos de la ley se los publicó en el Diario Oficial la semana del 24 de septiembre y se dice que entrarán en vigencia inmediatamente.
Según el Hoffington Post, la reforma flexibilizará los despidos y las contrataciones, reforzará la posición negociadora de las empresas sobre las condiciones laborales y el salario. Asimismo se establece la negociación directa entre la empresa y los trabajadores sobre todo la que tenga menos de 50 empleados. Éstos deberán elegir un representante que posea la facultad de negociar directamente y llegar a acuerdos definitivos sin que en esto entre el concepto de “sindicato”. El proceso de despido se simplificará y la indemnización se incrementará del 20 al 25% del salario. Los sindicatos por su lado dicen que se da mucho poder a las empresas… y se reduce los derechos de los trabajadores.
Hasta ahora despedir supernumerarios era poco menos que imposible y éstos, organizados, por lo general han hecho vista gorda ante la realidad microeconómica de que los costos variables de una empresa, privada o pública, como las gangas y beneficios, e incluso los salarios, deben fluctuar dependiendo del momento, sobre todo si se tiene al euro como moneda, ya que ésta tradicionalmente ha experimentado poca inflación desde su incepción en once países europeos el 1 de julio de 2002, entre ellos Francia. Macron sabe que las legislaciones laborales de Alemania y los países escandinavos incluyen cláusulas que Francia debe emular, y sabe que las autoridades de la UE tienen “los dedos cruzados” a favor de que Macron tenga éxito en su cometido reformista, no solo porque Francia vigorizaría su economía sino que también apaciguaría los ánimos de mucho izquierdista europeo, sobre todo del sur de Europa… e Iberoamérica, et al.
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