La libertad como valor y horizonte

Sin sorpresa alguna, el Gobierno ha terminado por mostrar sus cartas. Olvidando toda apariencia democrática y desconociendo el resultado del 21F de la manera más grosera, ha decidido pedir -léase ordenar- al Tribunal Constitucional que se declare inaplicables los artículos de la CPE que impiden la participación del presidente Morales en las elecciones de 2019. La jugada es torpe y carece de cualquier fundamento jurídico, pero esta falta de elegancia se verá compensada sin duda por su efectividad, pues ¿alguien duda que el Tribunal acabe aceptando las razones del oficialismo?

Y aunque este último movimiento demuestre ineptitud e ignorancia, sería un error inferir de dicho desacierto que el Gobierno está perdiendo la partida. Sería igualmente ingenuo imaginar que la aparente desesperación por reelegir a Morales constituye un síntoma de debilidad. La triste verdad, y conviene que los demócratas lo tengan muy claro, es que el control del Estado sobre la sociedad nunca ha sido más firme y que el MAS está a punto de alcanzar el objetivo trazado en 2006: destruir la democracia y las instituciones republicanas. Esa especie de manual del autoritarismo moderno, que tan bien se ha implementado en Cuba, Venezuela y Nicaragua, se aplica con relativo éxito en Bolivia.

Es cierto que la popularidad presidencial cae en picada y resulta evidente que el discurso oficialista ya no convoca la misma adhesión entusiasta -algunos dirán complicidad- de la clase intelectual. A pesar de ello, el Gobierno puede contar con un aparato represivo terriblemente eficaz, sin instituciones independientes que se le opongan, a lo que se le añade una sólida maquinaria comunicacional y recursos suficientes para comprar lealtades y conciencias.

Esto no significa entregarse a la resignación. Al contrario, la comprensión cabal de la realidad nos invita a desarrollar con urgencia nuevas estrategias políticas para recuperar la democracia. De alguna manera, estamos frente al desafío de plantear colectivamente un manual de la resistencia ciudadana que se oponga al siniestro guión autoritario de nuestros gobernantes.

¿Qué principios se tendría que incluir en este manual democrático? Me animo a contribuir al debate señalando que el respeto a la libertad individual debe ocupar un lugar preponderante. Esta reflexión debe traducirse en propuestas que sirvan como antídoto a la estructura represiva que el Estado ha construido en los últimos años: leyes y prácticas que limitan la libertad de expresión, un sistema tributario y administrativo que castiga el emprendimiento privado, un aparato burocrático y policial inmune al control ciudadano…

Es evidente que este énfasis en la libertad implica abandonar, en la academia y en lo que queda de oposición partidaria, los últimos vestigios de ese marxismo residual -tan contrario a la libertad y a la democracia- que sigue pesando en las actitudes y discursos de la clase política. Pensar una verdadera agenda ciudadana basada en la libertad significaría también romper con la larga tradición autoritaria y caudillista que lastra a Bolivia desde su fundación. Es probable igualmente que las élites políticas e intelectuales se opongan a un proyecto de país que se funde en la libertad, si consideramos el espíritu conservador que las caracteriza y su evidente interés en mantener el statu quo.

Parece una tarea imposible, en efecto. Sin embargo, la ciudadanía demuestra cada vez con mayor fuerza su capacidad de organización y una muy saludable rebeldía ante los poderes establecidos. Sin partidos ni caudillos, ajenos a las ideologías del pasado, los bolivianos empezamos a debatir sobre el país de la esperanza. Es posible que con un poco más de voluntad y audacia, logremos escribir este manual democrático que tanta falta nos hace. Y quizás, sólo quizás, podamos recuperar el verdadero sentido de esa antigua melodía que nos piden olvidar: libertad, libertad, libertad…

El autor es politólogo.