Si se realiza un balance del desarrollo político del país durante los dos últimos años, es fácil observar que se está viviendo un estado de crisis social permanente, con pocas trazas de llegar a su final. Es más, pareciera que ese estado de cosas conduce a una salida de características poco comunes en nuestra historia y que, naturalmente, busca resolver los grandes problemas que adolece el país.
En ese arqueo de los acontecimientos nacionales se encuentra, en primer lugar, la crisis que originó el referéndum del 21 de febrero del año pasado, evento que trastrocó el panorama político de manera radical. La derrota que sufrió la tienda gobernante fue contundente, pues adquirió el valor de un plebiscito definitivo. A ese hecho se sumó el tempestuoso episodio relacionado con el caso del niño de la señora Zapata con su novio, el señor Evo Morales, tema que adquirió el nivel de un escándalo de proporciones y que en vez de aclarar la cuestión, la embrolló aún más. Así, el año pasado no fue una taza de leche.
Como prolongación de esos sucesos, en el presente año y en especial en los últimos meses la crisis se extendió a otros niveles. En efecto, sobre un turbio mar de fondo y de descomposición social, se presentó el difícil problema del alcalde de Achacachi, que derivó en un levantamiento indígena de proporciones inesperadas y sin encontrar solución hasta ahora. Le siguió el tema del aborto, discutido en la Asamblea Legislativa, el mismo que removió los sedimentos más profundos del sentimiento popular, tema que tampoco quedó arreglado.
Por fin y por si fuera poco, un asunto candente salió a flote, el referido a la imposibilidad de la repostulación del actual primer mandatario, Evo Morales Aima, tema que se daba como “caso cerrado” como resultado del referéndum del 21F del año pasado. Es más, la tienda gobernante buscando la prórroga indefinida de su caudillo, presentó ante el Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad de disposiciones constitucionales, propuesta que hizo elevar la columna de mercurio de la política nacional al punto de explosión. Es más, para mayor tensión, el Tribunal admitió la demanda, echando así ya no leña, sino gasolina al fuego.
Por si fuera poco se denunció un acto de corrupción en el Banco Unión por 20 millones de bolivianos, al que siguió otro no menos escandaloso en el Ministerio Defensa por dos millones, todo lo cual se suma a otros aspectos críticos que flotan en el ambiente.
Para cerrar con broche de oro esa ola de contradicciones, el gobierno puso en tapete un homenaje al guerrillero argentino-cubano, Che Guevara, quien vino al país y en Ñancahuazú causó la muerte de soldados bolivianos. Esa insólita pleitesía a ese personaje completó el esquema de crisis que atraviesa la política boliviana, llevándola (¡Dios no quiera!) a punto de agitación máxima.
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